La Audiencia Provincial condenó ayer a dos años de prisión a M. A. M., y A. M. S. M., ambos dueños de los clubes de alterne Penélope (en Logroño), Costa Rica (Tricio) y Olimpo (Guadalajara), por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, y de lucro por explotación de la prostitución. Similar condena ha recaído sobre M. Z., la mujer rusa que hacía de enlace con otros países para traer mujeres a trabajar a esos clubes; mientras que se condena a un año por otro delito de explotación de la prostitución a la hermana de uno de los dueños, M. D. S. M., que era encargada en el club alcarreño. A cada uno se les interpone, además, una multa de 1.800 euros.
La sentencia, dada a conocer ayer, incluye la clausura durante cinco años de los citados clubes y pone fin (aunque se puede interponer recurso de casación) a un largo y complejo proceso judicial, con hasta nueve personas sentadas en la bancada de acusados, de las que cinco han quedado absueltas, entre ellas el guardia civil, S. P. S. R., quien mantenía amistad con uno de los condenados y al que se le acusaba de un delito de omisión del deber de perseguir delitos.
Precisamente, el origen del proceso tuvo lugar con una investigación abierta por la Policía Judicial en 2005 contra este Guardia Civil por una presunta implicación con el negocio de los ahora condenados (filtración de información), y que derivó en la grabación de multitud de escuchas telefónicas, que fue la que acabó implicando a los otros imputados.
Validez de las escuchas
Así, el juicio arrancó el pasado mes de febrero, en torno precisamente a estas tomas telefónicas, cuya nulidad reclamó desde el primer momento la defensa, al entender que había irregularidades en los procedimientos policiales y en los propios contenidos, que, indicaba, podrían haber sido manipulados.
El juez aplazó su decisión al fallo, y ahora en éste dio ayer por válidas dichas escuchas, al considerar idóneo el sistema de interceptación digital empleado, «en tanto se estima que cumple con todas las exigencias y garantías» propias de la investigación realizada, indicaba en el fallo. Asimismo, aunque asumió la existencia de fallos en el proceso posterior a la toma de las grabaciones, no los consideró decisivos para anular las escuchas.
El fallo indica: «No constituyen una vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones las irregularidades cometidas en el control judicial a posteriori del resultado de la intervención telefónica, pues no tiene lugar durante la ejecución del acto limitativo de derechos».
Los culpables
En cuanto a los hechos, la sentencia da por probado que los dos condenados, M. A. M. y A. M. S. M., son los administradores solidarios de la empresa (radicada en Tricio) que regenta los clubes implicados, y que también los dirigían. De ahí, se señala que las prostitutas que allí trabajaban abonaban «la 46 euros al día en concepto de alquiler de habitación, desayuno, comida y cena, además de un porcentaje por cada cantidad que recibiesen por cada una de las relaciones sexuales mantenidas con clientes, por la cual recibían entre 30 y 40 euros». Las mujeres tenían además un horario de 17 a 3.30 horas, con penalización de 21 euros por impuntualidad.
La sentencia también concluye que ambos buscaban mujeres en países de Europa del Este y otros, y que «de esa actividad de intermediación se encargaba principalmente» M. Z., la tercera acusada, quien recibía «una cantidad de dinero como porcentaje» de cada mujer que recibiese y de cada relación sexual que cada mujer mantuviese. La otra condenada, M. D. S. M., era encargada del club de Almadrones.
Por lo que respecta al guardia civil que ha sido absuelto, la sentencia concluye que éste tenía amistad con uno de los condenados, quien en un momento «le pidió que se interesase por unas inspecciones hechas por la Guardia Civil en clubes de alterne». Sobre los otros cuatro acusados, todos empleados o exempleados de los clubes y un presunto transportista de mujeres, la Fiscalía retiró sus acusaciones hace unas semanas.