Bilbao. “Si es un compañero que te da una toba porque le has insultado o le has dicho algo que no le ha sentado nada bien, tú puedes responder también con una toba, o dándole un manotazo o simplemente respondiéndole otra vez, insultándole o hiriéndole”. El inquietante testimonio es el de una joven adolescente vasca anónima recogido en el informe Infancias vulnerables presentado por el Ararteko, Iñigo Lamarca, quien llamó la atención sobre las situaciones de violencia y acoso escolar, y sobre la agresividad intrafamiliar.

En este sentido, defendió que las administraciones deben ganar en “rapidez y eficacia” para dar respuesta adecuada a las necesidades “emergentes” de niños y adolescentes que se enfrentan a situaciones vulnerables como los casos citados. Así, el Ararteko presentó hasta once “debilidades” de los sistemas de protección que “condicionan” la respuesta que se ofrece a las necesidades de niños y adolescentes vascos que suponen el 15,5% de la población de la Comunidad Autónoma Vasca.

El informe detalla que en la sociedad “todavía existen auténticos itinerarios de exclusión, ligados muchos de ellos, a la inexistencia, falta de competencia o simplemente fracaso de la familias como elemento esencial de soporte y apoyo al crecimiento y necesidades del menores”. Según explicó Lamarca, es “imposible” dar una cifra global de los menores que podrían estar en situación de vulneración, aunque ha precisado que se pueden dar datos sobre los alrededor de 2.000 menores que están en el sistema de protección de las instituciones, los casi mil menores extranjeros que pasaron por los sistema de acogida el año pasado o los casi 10.000 niños o adolescentes que anualmente se tratan por situaciones de conducta o aspectos relacionados con su salud mental.

Entre las once debilidades del informe, el Ararteko subrayó los “problemas de coordinación entre servicios e instituciones que pertenecen a diferentes administraciones o departamentos”, así como la “ausencia o insuficiencia” de marcos normativos que delimiten con claridad las responsabilidades de todos los elementos intervinientes y establezcan los procedimientos o los requisitos que deben reunir los recursos. Asimismo, destacó la “falta de planificación y la falta de evaluaciones públicas que permitan valorar la eficiencia de las intervenciones”, así como los “problemas de detección y de atención temprana”.

Nuevas realidades En este sentido, defendió que las administraciones y entidades que trabajan en este campo “deberían ganar en rapidez y eficacia a la hora de dar una respuesta adecuada a las necesidades emergentes”. En este sentido, Lamarca señaló que hay “nuevas realidades” que afectan al mundo de los niños y adolescentes que en los últimos años “están llamando a la puerta de manera significativa” y a las que se están dando respuestas “insuficientes o deficitarias” como los menores extranjeros no acompañados, la violencia contra los padres o profesores, el acoso escolar con manifestaciones nuevas como el ciberbullying, o los trastornos de conducta que se traducen en comportamientos destructivos. “Las administraciones están dando respuestas pero creemos que deberían ser más eficaces”, insistió.

Por otro lado, defendió la necesidad de “trabajar más” en el campo de la prevención y detección de problemas, y realizar un “esfuerzo especial” para “evitar situaciones de exclusión social y estigmatización” en casos como de menores gitanos, hijos de emigrantes o menores de orientación homosexual o de identidad transexual. El informe Infancias vulnerables también apuesta por la “mejora” de todas las fases de la intervención con menores en situaciones de especial vulnerabilidad, “sobre todo en las fases iniciales de detección, adopción de medidas y en las fases finales, que facilitan la emancipación o la inserción social”.

Además, incluye 50 recomendaciones entre las que se encuentra el análisis periódico de las diferentes situaciones de vulnerabilidad y su evolución, así como el refuerzo de la conciencia social sobre los derechos de la infancia. Por último, Lamarca envió un mensaje de “tranquilidad”, ya que el sistema tiene “recursos suficientes” para abordar esta problemática, aunque reconoció que a pesar de que existen estos recursos, algunos de ellos son “mejorables”.