Los menores de edad siempre son vulnerables, pero hay situaciones que los hacen aún más frágiles. En Euskadi hay 10.000 niños y adolescentes con problemas mentales, unos 2.000 que viven en instituciones de acogida, más de 11.000 tienen necesidades educativas especiales, cada año mil son condenados por cometer algún delito… Además existen realidades no cuantificables pero que amenazan cada vez más a la infancia como el aumento en el consumo de drogas, la proliferación de conductas agresivas o el maltrato escolar.

La lista de fantasmas que acorralan a los menores son muchos más y las administraciones desarrollan políticas de todo tipo para protegerles. Sin embargo, a menudo las respuestas de los poderes públicos son «insuficientes o deficitarias». Pero, sobre todo, existe el problema de la falta de coordinación. Ayuntamientos, diputaciones, gobiernos y hasta consejerías no han encontrado los mecanismos para complementarse en pro de una defensa efectiva de los niños y niñas.

Estos son los argumentos que ayer esgrimió el Ararteko. Iñigo Lamarca presentó en el Parlamento vasco el informe extraordinario ‘Infancias Vulnerables’, donde se recoge un catálogo de situaciones que amenazan a los menores vascos, un colectivo que suma más de 330.000 personas y que supone más del 15% de la población de Euskadi.

«Las administraciones deberían ganar en rapidez para dar soluciones a realidades emergentes; hay algunas que llevan años llamando a la puerta y las respuestas que se están dando son insuficientes», alertó Lamarca. En este sentido, se refirió a «los menores extranjeros no acompañados, el uso de la violencia contra padres, madres y profesores o el acoso escolar». Además, «habría que trabajar mucho más en la prevención» de los problemas.

Evitar la exclusión social

En este sentido, el Ararteko se refirió a la necesidad de hacer «un esfuerzo especial» para evitar situaciones de «exclusión social y estigmatización» en casos de menores que por su etnia (gitanos) u origen (extranjeros) pudieran sufrir rechazo de sus compañeros en el colegio. También llamó la atención sobre el hecho de evitar la discriminación por la orientación homosexual, bisexual o transexual de los jóvenes, para lo que el estudio apuesta por mejorar la información y la educación afectivo – sexual.

El informe presentado ayer tiene más de 400 páginas y desglosa diferentes realidades y propuestas de mejora. Uno de los aspectos que preocupa es «el incremento de consumos problemáticos de tóxicos», un riesgo que debería conjurarse con una «asesoría de calidad no solo al menor, sino también a la familia». En cuanto a los menores extranjeros no acompañados (ahora hay medio millar acogido por las administraciones vascas de manera estable), alerta el informe de que algunos centros no reúnen «las condiciones mínimas necesarias para ofrecer una atención suficiente y digna» a los chavales.

También se contempla la situación de los menores infractores. En 2009 más de 1.233 fueron condenados por cometer algún delito. La mayoría cumplieron su castigo en régimen abierto, mientras que 182 lo hicieron en un internado. El problema llega luego, cuando cumplen con la pena. El Ararteko apuesta por «mejorar su seguimiento» para evitar que vuelvan a delinquir.

¿Cómo evaluar el éxito o fracaso de las políticas públicas que se llevan a cabo para proteger a los jóvenes? Aquí hay otro problema. El informe critica la «falta de planificación y de evaluaciones que permitan valorar la eficiencia de las intervenciones».