Schengen es un pequeño pueblo luxembugués de apenas 500 habitantes dedicado a la producción de vino. Enclavado en el límite con Alemania y Francia, la localidad fue elegida por su simbólica ubicación para rubricar en 1985 el tratado que derribó las fronteras en Europa. La UE dio entonces un paso histórico hacia su integración que Francia e Italia quieren revisar ahora. París y Roma consideran que aquel emblemático acuerdo debe actualizarse para hacer frente a «circunstancias excepcionales» como la llegada de miles de inmigrantes a uno de los 25 países pertenecientes al bloque.

Alemania se desmarcó ayer rápidamente de las intenciones de sus dos socios comunitarios. El portavoz del Gobierno, Steffen Seibert, evocó precisamente la dimensión histórica de Schengen para rechazar cualquier modificación en profundidad. «La libre circulación de personas es intocable», remarcó antes de calificar la eliminación de fronteras como «un gran logro europeo». Francia, que ahora aboga por retocar Schengen, fue junto a Alemania uno de los cinco países que suscribió el acuerdo original a mediados de los ochenta.

En aquella época, los diez socios que conformaban la Comunidad Europea no fueron capaces de alcanzar un consenso para eliminar las fronteras interiores. Algunos miembros sostenían que los controles debían retirarse únicamente para los ciudadanos europeos, mientras que otros apostaban por la erradicación completa de puestos y aduanas.

Ante la falta de acuerdo en el seno comunitario, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica y Luxemburgo optaron por dar un paso adelante. En su empeño por remarcar su compromiso con la integración europea, los cincos socios eligieron el símbolo de Schengen para empezar a borrar los límites nacionales.

Compleja negociación

Aquella emblemática firma, sin embargo, no fue más que el principio de un complejo camino. Desde aquel día, los cinco países signatarios empezaron a negociar la manera de eliminar las fronteras. Diez años después, en marzo de 1995, el acuerdo se hacía realidad. Al bloque original se le habían unido por el camino España y Portugal, que consiguieron formar parte desde el principio de uno de los pilares más visibles de la integración europea. Actualmente, 22 socios de la UE y tres países extracomunitarios – Suiza, Noruega e Islandia – conforman el llamado espacio Schengen.

Su clave reside fundamentalmente en la confianza entre los distintos países. Este punto es especialmente sensible en materia migratoria porque el país que recibe a un ciudadano extracomunitario puede abrirle las puertas del resto de Europa. El origen de la petición de Francia e Italia de reformar la normativa comunitaria se encuentra, en buena medida, en el recelo que ha emergido entre ambos socios por la llegada masiva de ‘ilegales’ tunecinos a territorio transalpino. Italia decidió conceder un permiso temporal a muchos de ellos que les permitía moverse por el espacio Schengen. París, respaldado por varios socios comunitarios, censuró la actitud del Gobierno de Silvio Berlusconi y llegó a impedir el paso de trenes por su frontera común. Ahora, ambos países han acordado pedirle a la UE que revise el tratado de libre circulación para poder actuar en «circunstancias excepcionales» como una oleada de ‘sin papeles’.

La UE, que ha optado por un perfil bajo en la crisis, aplaudió ayer que ambos países apostaran por afrontar el problema a escala comunitaria. Bruselas subrayó que la reforma reclamada por París y Roma supone en realidad «clarificar» algunos aspectos de Schengen. La normativa permite actualmente retomar los controles fronterizos en grandes acontecimientos – Juegos Olímpicos o Mundial – y por «serias amenazas al orden público o a la seguridad interior». El Gobierno de Nicolas Sarkozy pretende que este segundo apartado se concrete más y se abra la puerta a reinstalar los puestos por razones migratorias.