El nuevo modelo de atención jurídica a la población inmigrante puesto en marcha por el Gobierno vasco ha atendido desde el mes de julio a 4.730 personas y su coste es 320.000 euros inferior al de Heldu, según la consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, que compareció ayer en el Parlamento Vasco a petición del PNV. La parlamentaria del PNV Nerea Antia dijo a Zabaleta que el nuevo modelo le plantea “serias dudas y preocupaciones” por su “provisionalidad” y “complejidad”.