Más de cien mil hogares de la comunidad autónoma vasca tienen personas empleadas para realizar trabajos domésticos, según una encuesta realizada por el Ejecutivo autónomo, que estima en un 14% las familias con este servicio. Un total de 6.000 hogares han sido consultados en este muestreo, que forma parte de un estudio más amplio sobre la situación de las empleadas de hogar. El trabajo servirá de base para un plan de actuación que tiene como objetivo regularizar y mejorar los derechos laborales de este colectivo, compuesto en su inmensa mayoría por mujeres.

Como son muchas las personas que realizan trabajos remunerados en más de un hogar, es muy difícil calcular en la fase actual de la investigación cuántas trabajan en Euskadi en este segmento laboral, aunque se da por seguro que son varias decenas de miles. Lo único que se sabe con certeza es que al régimen especial de la Seguridad Social están afiliadas 15.410, lo que es un claro indicio de la existencia de una gran bolsa de trabajo sumergido.

El origen del estudio es un requerimiento del Parlamento al Ejecutivo autónomo para que investigara las condiciones de trabajo en un sector en que las irregularidades son abundantes. Por un lado, la mayoría de las trabajadoras lo hace en la economía sumergida y, al no cotizar a la Seguridad Social, no está generando derechos como el de pensión o seguro de accidentes; por otro, hay empresas que prestan este servicio desde la ilegalidad, dado que hasta la fecha no han sido autorizadas. Además, a nadie se le oculta que un número no despreciable de inmigrantes sin permiso de trabajo está ocupado en esta actividad.

El estudio tiene pendiente de realizar entrevistas en profundidad con 800 familias para conocer las características y origen de la relación laboral, en respuesta a una petición en tal sentido por parte de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, una de las organizaciones más activas e influyentes en este segmento de actividad. Y con posterioridad serán consultadas 300 trabajadoras del sector para conocer más de cerca sus problemas.

Cambio de regulación

Esta iniciativa coincide en el tiempo con otra del Gobierno central, que se propone cambiar las condiciones legales en que se desarrolla esta actividad y que podría ser anunciada en las próximas semanas.

Como ya adelantó EL CORREO el 4 de febrero, entre las novedades estará la autorización de empresas que presten este servicio a los hogares con personal propio, con el que tendrán una relación laboral ordinaria; la integración futura en el régimen general de la Seguridad Social, el establecimiento de una compensación por despido, etc.

Una de las últimas novedades legales en este ámbito entró en vigor con la reforma laboral del pasado año, que obliga a que la retribución en metálico sea al menos igual al salario mínimo – 641,40 euros al mes, por 14 pagas – , al margen de las retribuciones en especie. Además, en la Ley de Presupuestos de este ejercicio se puso en marcha la cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional de este colectivo.