Nueve menores han sido condenados por un juzgado de Valencia por un delito de asociación ilícita y como partícipes de otro de lesiones. Cuatro acusados aceptaron cumplir un año de libertad vigilada mientras el resto pasarán entre 12 y 17 meses en un centro de internamiento. Se trata de la primera sentencia en la provincia de Valencia donde se castiga este tipo de delito en menores. Aunque existía un precedente, este fue anulado por la Audiencia. Ahora, al haberse producido un acuerdo entre las partes, el fallo es firme.

La investigación comenzó a raíz de una reyerta en una discoteca de Valencia frecuentada por jóvenes suramericanos. En la pelea, que se produjo en enero del pasado año, participaron tanto menores, entre 15 y 17 años, como mayores de edad.

De inmediato se sospechó de que integrantes de bandas latinas habían participado en el altercado. Las pesquisas posteriores así lo confirmaron. Los agentes descubrieron miembros de Blood´s, Royal Family, Mera Mafia y Ñeta. Los primeros grupos son escisiones de la banda matriz, los Ñeta, una de las más conocidas tras sus grandes rivales, los Latin Kings.

La investigación policial corrió a cargo del Grupo de Bandas Emergentes y Violencia de la Jefatura, una unidad creada cuando comenzó a detectarse la presencia de estos grupos en Valencia tras su desembarco inicial en Madrid y Barcelona. Los agentes coordinaron la investigación con una fiscal de menores, que desde hace dos años, se encarga de todos los asuntos relacionados con bandas.

Siempre resulta muy complicado obtener una condena por asociación ilícita y más si se trata de menores de edad. Es necesario demostrar una serie de requisitos, por ejemplo, la estructura de la organización, las órdenes que existen entre los miembros, elementos de identificación externa… «No es nada fácil. No sólo es tener un grupo que se junta para delinquir», explicaron fuentes del Ministerio Público.

Las bandas juveniles latinas no son un fenómeno nuevo en la Comunitat. La Fiscalía de Alicante ya advirtió en su memoria de 2009 que echaba en falta una mayor coordinación entre los juzgados de instrucción y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Argumentaban que, normalmente, antes de poder imputar el delito de asociación ilícita, «los menores debutan con otras infracciones de menor entidad», como las faltas de lesiones o de amenazas.

En Valencia, estas bandas tienen incluso delitos de sangre. Así ocurrió con el crimen del Pont de Fusta en el que dos miembros de una banda latina – condenados ya a diez años de cárcel – mataron a un simpatizante de una banda rival.