En 2020 habrá en Euskadi medio millón de personas que habrán superado la barrera de los 65 años. Es decir, casi la cuarta parte de la población y un 20% más que ahora. Eso implicará pagar más pensiones, más gasto sanitario, más inversión para dar cobertura a ciudadanos dependientes, más servicios sociales. El problema es que los vascos con edades entre 16 y 64 años – los que trabajan y producen – serán un 4% menos que en la actualidad. «La reducción de la población en edad de trabajar y el envejecimiento tienen un impacto en la sostenibilidad del estado del bienestar y precisan de una respuesta global, concreta y transversal, algo que hasta el momento no se ha hecho ni en el Estado ni en la Comunidad Autónoma Vasca».

Quien alerta de la amenaza que hipoteca el futuro vasco es el Consejo Económico y Social (CES) y se basa en las proyecciones demográficas del Instituto Vasco de Estadística (Eustat). Con estos mimbres, el CES ha elaborado un estudio titulado ‘El impacto económico y social en la CAPV de la evolución demográfica prevista’. En realidad, el envejecimiento de la población es una tendencia generalizada en todas las sociedades occidentales, donde la esperanza de vida crece al mismo ritmo que baja la tasa de natalidad. Sin embargo, en Euskadi «la tendencia es aún más aguda» que en el resto de España y en la Unión Europea de los 27 (UE).

Hay datos que sostienen esta afirmación. En 2018 se prevé que sólo el 59,9% de la población vasca tenga entre 16 y 64 años, frente al 61,7% en el resto del Estado y al 66,2 de la UE. Ese mismo ejercicio, el 21,8% de los vascos tendrán más de 65 años, frente al 18,3 de España y el 19,5 europeo.

El estudio, presentado ayer en Bilbao, maneja un montón de indicadores que se resumen en la tasa de dependencia. Para 2020 se espera que haya 58,82 vascos inactivos por cada 100 en edad de trabajar, frente a los 48,05 que había en el año 2008.

Con este panorama a la vista, el CES se une al coro de voces que desde hace años – y con más fuerza tras la irrupción de la crisis – piden a las administraciones que adopten medidas correctoras para evitar la quiebra del estado del bienestar. «Es preciso superar la falta de perspectiva integral, la aplicación de políticas fragmentadas y dispersas y la prevalencia del enfoque a corto plazo», censuró el presidente del Consejo, Juan Mari Otaegui. En su lugar, el experto apuesta por «poner en marcha una estrategia integral a largo plazo» para hacer frente a la convulsión que amenaza al «sistema de pensiones, el sanitario, la dependencia y los servicios sociales».

Natalidad y conciliación

El CES da ideas para intentar atajar el problema. En primer lugar, admite que a medio plazo sólo la inmigración podrá compensar el creciente envejecimiento de la población. Sin embargo, la apuesta de futuro debería ser el fomento de la natalidad, porque para 2020 se espera un desplome de los nacimientos: 17.562, frente a los 20.854 del presente ejercicio. ¿Cómo invertir esta tendencia? Mediante «medidas efectivas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral».

Por otro lado, será «imprescindible» aumentar la tasa de empleo. Para sostener a los miles de ciudadanos inactivos será necesario trabajar más, facilitar la entrada en el mercado laboral a mujeres, inmigrantes y personas mayores de 55 años. También adelantar la incorporación de los jóvenes a su primer empleo. Un escenario este bastante peliagudo si se tiene en cuenta que, hoy por hoy, el mercado laboral vasco es incapaz de absorber la oferta de mano de obra: actualmente Euskadi tiene 151.551 parados.

Junto a todo esto, el CES advierte de que las personas mayores están llamadas a «tener un papel más activo, con un abandono más tardío del puesto de trabajo» y con acciones de formación y reciclaje a lo largo de toda la vida, un punto ya abordado a nivel estatal con el aumento de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. La polémica generada por esta reforma da una idea de las dificultades que, desde un punto de vista político, conlleva el adoptar medidas de este tipo.

Porque el Consejo no se queda aquí y pone el dedo en la llaga. «Es ineludible llevar a cabo una reflexión sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones», lo que requerirá «debates serenos acompañados de una intensa pedagogía».

También hará falta pedagogía para disminuir el gasto sanitario a partir de un comportamiento «más activo y responsable de la propia ciudadanía», que deberá estar abierta al principio de «responsabilidad compartida». Telemedicina y teleasistencia también aparecen como medios para ahorrar en la prestación de servicios. Pero, sobre todo, el CES apuesta por el «envejecimiento saludable», porque quien no se pone malo, no gasta.