El informe anual del Defensor del Pueblo, que ayer fue entregado al Congreso y al Senado, critica con crudeza la polémica circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, de la Policía, un documento que da luz verde a los agentes para hacer redadas indiscriminadas de inmigrantes irregulares y que el Ministerio del Interior, a pesar de las críticas de abogados y sindicatos del cuerpo, se ha negado a modificar o a matizar. La institución que dirige María Luisa Cava de Llano asegura que el «desorden», la «ambigüedad» y la «confusión» de conceptos que aprecia en las órdenes del departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba «podrían favorecer la práctica de detenciones masivas».
Según el documento presentado ayer en el Parlamento, el ‘ombudsman’ recibió 34.674 quejas durante 2010, lo que supone un aumento del 56%, atribuible a los efectos de la crisis económica. El Defensor del Pueblo precisó, además, que es incremento coincide esencialmente con el espectacular auge de las quejas colectivas, que han pasado de sumar 3.626 en 2009 a 17.449 un año más tarde. «Se trata de un dato espectacular», subrayó Cava de Llano.
No obstante, el informe del Defensor se detiene especialmente en los asuntos de Extranjería y en la controvertida circular de la Policía, fechada el 25 de enero de 2010. Con la calificación de «secreta», esa disposición ordena a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía la «detención preventiva» de cualquier inmigrante, documentado o indocumentado, que no pueda demostrar en el momento que se encuentra en situación regular en España.
El ‘ombudsman’ reconoce que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana la ‘ley Corcuera’ obliga a cualquier persona a tener documentos que acrediten su identidad, pero en modo alguno a que éstos sean españoles que «acrediten la legalidad de su estancia». El traslado a comisaría del inmigrante por el mero hecho de que no pueda probar que su situación es regular, como ordena Interior, «no es conforme a Derecho», advierte el Defensor.
Esta institución se queja en particular del tipo de arrestos que introduce la circular policial. En ese texto se insta a los agentes a arrestar al extranjero «a efectos de identificación». Según el Defensor, sólo cabría la «detención» en caso de delito, pero al no indicarse expresamente en la circular ese extremo, podría interpretarse como una vía libre a las detenciones preventivas sin fundamento».
«Esta institución considera que la manera en que determinadas expresiones de la circular están redactadas suscita serias dudas interpretativas que podrían conducir de hecho a una restricción indebida de los derechos de los inmigrantes», apostilla el ‘ombudsman’, quien recuerda a los policías que no pueden «conducir a comisaría» a los extracomunitarios ni «restringir la libertad» de estas personas por la simple razón de no probar en ese momento que tienen ‘papeles’.
El reguero continúa
El Defensor del Pueblo asegura que ha recibido denuncias por las órdenes de Interior procedentes de 140 asociaciones y colectivos. Y añade que el reguero continúa, pues «se han seguido recibiendo numerosas quejas de ciudadanos que habían sido testigos de controles de identificación en la vía pública, aparentemente dirigidos a localizar a ciudadanos extranjeros que están en situación irregular en España».
De acuerdo al informe, estas redadas «se realizan sin otro criterio que los rasgos étnicos u otros signos externos distintivos de nacionalidad». El ‘ombudsman’ asegura que «mantendrá una actitud vigilante» ante las detenciones que «pudieran restringir injustificadamente los derechos de los ciudadanos extranjeros».
Las denuncias del Defensor se unen a las quejas de Naciones Unidas. El pasado marzo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU reclamó a España que termine cuanto antes con las que denominaba «redadas policiales basadas en perfiles étnicos».