Los municipios del área metropolitana de Barcelona deberían gestionar en común sus competencias sobre inmigración? La sugerencia aparece apuntada en las ideas para el futuro que propone la memoria del Pla de Treball d´Immigració que presentó esta semana el gobierno de la capital catalana a los grupos de la oposición y ha sido bien acogida por algunos grupos políticos y ciertos alcaldes metropolitanos.

En realidad no parece muy cabal que las ciudades engarzadas por el continuo urbano metropolitano dediquen recursos, planifiquen estrategias y discutan por su cuenta y riesgo cómo resolver problemas que en realidad son idénticos.

Mas aún si los recursos públicos tienden a encoger.

Daniel de Torres, el comisionado de inmigración del Ayuntamiento de Barcelona, plantea la cuestión en los siguientes términos: “Hasta que empezó la crisis los ayuntamientos nos hemos dedicado a gestionar una llegada masiva. Sólo en Barcelona pasamos de tener unos 50.000 extranjeros en el 2000 a 294.000 en el 2009 y desde entonces empieza un lento descenso. Ahora podemos concentrarnos en otras tareas en las que la visión metropolitana adquiere importancia”.

Los mecanismos de integración son uno de ellos. Por ejemplo: ¿pueden ser distintas las políticas de reagrupación familiar en l´Hospitalet, en Sant Adrià o en Cornellà? ¿Tiene sentido que cada municipio tenga su política de mediación y acogida? ¿Debe cada alcalde lidiar en cada municipio con sus comunidades religiosas para permitir o denegar la construcción de oratorios?

Paradójicamente, la administración municipal es la única red que distingue fronteras que, por ejemplo, las organizaciones particulares de auxilio social desconocen. Càritas o Creu Roja prestan su ayuda por igual en Sant Boi que en Badalona. Pero se ven obligadas a negociar con cada alcalde.

La ley que refunda el área metropolitana de Barcelona, aprobada en las últimas semanas de la anterior legislatura con los votos de todos los grupos parlamentarios, permite a los ayuntamientos de la segunda región urbana de la Península concertar todas las políticas en las que tienen competencias. El despliegue de esta ley empezará al día siguiente de las elecciones municipales.

El socialista Antoni Balmón, alcalde de Cornellà y uno de los impulsores de la restauración metropolitana, es partidario de la unidad de acción. “De hecho, lo propuse ya hace cuatro años y fracasé. Pero es evidente que una política coordinada es necesaria”. Balmón piensa en términos políticos: la unidad de acción metropolitana permitiría reducir la presión que hoy sufren algunos alcaldes desde ciertos sectores extremistas.

También Joaquim Forn, el número dos del equipo de Xavier Trias en Barcelona, comparte una visión positiva de esta propuesta. “Creo que es una buena idea, pero yo añadiría un matiz importante: no hay que olvidar el papel que ha de tener aquí la Generalitat”.

Hay múltiples motivos que avalan una estrategia común en materia de inmigración. Y también algunos reparos. En este último capítulo no hay que desdeñar los recelos de los municipios de la periferia metropolitana hacia la capital catalana, que históricamente ha centrifugado sus problemas sociales hacia el exterior.

Algunos de los barrios donde ahora se libra la batalla entre las nuevas y viejas comunidades nacieron de la anterior gran ola inmigratoria. Barcelona desplazó a Sant Roc, Camps Blancs o la Mina lo que le molestaba. Pero por aquel entonces en este país no había democracia.