Dos años y medio después de crear sobre el papel el Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras de Valencia, este organismo dependiente de la Guardia Civil todavía no ha comenzado a funcionar por falta de presupuesto.

La entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, firmó el 4 de septiembre de 2008 una orden ministerial por la que creaba cuatro centro regionales de estas características: uno en Valencia para la zona del Mediterráneo, otro en Algeciras para extremar la vigilancia en el Estrecho, otro en Las Palmas para la zona de Canarias y el último en La Coruña para la zona del Cantábrico.

En respuesta a una pregunta parlamentaria presentada por el senador popular Agustín Almodóbar, el Gobierno ha reconocido ahora que «hasta este momento solo se ha desarrollado el Centro de Coordinación de Las Palmas, sino que puedan establecerse en la actualidad previsiones sobre cuándo se producirá la dotación de los restantes».

Es decir, que el Gobierno aún no sabe cuándo podrá poner en marcha el Centro correspondiente a Valencia —cuya ubicación física corresponde a la Comandante de la Guardia Civil en la provincia— creado hace ya dos años y medio. La finalidad de estos organismos es precisamente coordinar los medios de los que dispone el Instituto Armado con el fin de reforzar la vigilancia en la costa frente a la llegada de embarcaciones ilegales con inmigrantes o droga.

La creación de esta estructura es fruto del programa de la Unión Europea Sea Horse, que busca estrechar la colaboración y el intercambio de información con los países africanos (fundamentalmente Marruecos, Mauritania, Cabo Verde, Gambia, Guinea, Argelia y Senegal) con el fin de frenar la llegada de pateras. En este marco, han llegado a fructificar acuerdo con naciones como Mauritania con el fin de poner en marcha patrullas conjuntas de vigilancia en sus costas.

Cuando Teresa Fernández de la Vega firmó, en 2008, la orden de creación de los centros regionales de coordinación hizo constar que su puesta en marcha «no implicará aumento del gasto público», algo que quizá explique por qué nunca ha llegado a funcionar el de Valencia. Aunque lo cierto es que este organismo es ahora más necesario que nunca, pues los expertos advierten que la ola de inestabilidad que recorre el norte de África puede provocar este año un nuevo aluvión de pateras en el litoral de la Comunidad Valenciana.

Pese a que las revueltas en Argelia se iniciaron el pasado mes de enero, el Gobierno reconoce en respuesta a otra pregunta parlamentaria del senador Agustín Almodóbar que mantiene los «planes ordinarios» de vigilancia de la costa alicantina y no ha adoptado ninguna medida adicional para prevenir la llegada de pateras. Para ello, se escuda en que «los datos de años anteriores reflejan una clara disminución en la llegada de embarcaciones con inmigrantes a la costa alicantina», a pesar de que desde 2007 la provincia ha recibido 300 «sin papeles» a bordo de casi 30 pateras.

Como ha informado ABC, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil se encuentra bajo mínimos en Alicante, pese a que este fenómeno se puede acentuar este año debido a la inestabilidad en los países árabes. La principal patrullera de que dispone el Instituto Armado en la provincia permanece en dique seco desde hace un mes, también debido a la falta de presupuesto.

La patrullera «Río Guadiaro», de unos 25 metros de eslora, sufrió una grave avería en el motor de babor en febrero. Desde entonces, no se encuentra operativa porque el Servicio Marítimo no carece de presupuesto para pagar su reparación, que ronda los 15.000 euros.

Ante esta precariedad de medios, los miembros del Servicio Marítimo han tenido que recurrir, en ocasiones, a utilizar como embarcación auxiliar una patera que el año pasado fue hallada a la deriva, a pesar de que carece de la preceptiva documentación para navegar.