El tribunal de la Audiencia Provincial de Logroño decidirá la pena de cárcel para D.C.F. y las indemnizaciones que deberá afrontar para purgar legalmente la estafa continuada a una treintena de inmigrantes procedentes de Bolivia, Colombia y Marruecos. Después de tres sesiones de vista oral contra este constructor, ayer quedó la causa vista para sentencia.
El ministerio fiscal, en sus conclusiones definitivas, se mantuvo en su petición de tres años por delito de estafa continuada y no encontró acreditado que el acusado fuera también autor de un segundo delito contra el derecho de los trabajadores, ya que, según declararon los denunciantes ante los magistrados, en ningún caso llegaron a trabajar para el constructor, pese a que, en algunos casos, había firmado contrato de trabajo con ellos y les había citado en obras inexistentes.
No obstante, el ministerio público tuvo duras palabras recriminatorias contra D.C.F. «Era el rey del engaño. Le constan once hojas de antecedentes penales por estafa y apropiación indebida. Los hechos son lamentables y queda acreditado que acordaba con los inmigrantes un contrato de trabajo y su regularización, a cambio de dinero».
La acusación pública añadió también que «tenía deudas con la Seguridad Social y con Hacienda, por lo que era sabedor de que lo que prometía no lo podía cumplir».
De hecho, el letrado que asistía al acusado reiteró que su defendido aceptaba la calificación de los hechos y la pena de tres años de cárcel propuesta por el fiscal, así como la demanda de indemnización que reclama el ministerio público y que se basará en las cantidades que hayan quedado acreditadas mediante los recibís que entregaba D.C.F.
El letrado de la defensa recordó también que el constructor lleva cinco años cumpliendo pena carcelaria, primero en Logroño y actualmente en Zuera, al haber sido condenado por hechos similares.
Servicios gratuitos
La acusación particular que representaba a la mayoría de los inmigrantes estafados trató de convencer al tribunal de que D.C.F. se merecía una solicitud de indemnización más alta, así como un agravamiento de la condena carcelaria. «No es un hecho lamentable, sino indecente, puesto que es aprovecharse de gente necesitada. Eran personas que no tenían ni para comer y que, en muchos casos, pidieron préstamos a familiares para poder pagar al acusado las cantidades que les solicitaba», recordó la letrada, quien también afirmó que la gravedad de la situación le llevó a ofrecerles gratis sus servicios.
La abogada recordó igualmente que D.C.F. repitió su ‘modus operandi’ en Álava y Pamplona, por lo que tiene sentencias condenatorias, y se refirió a un informe de la Delegación del Gobierno en la que se detallaba el abundante número de solicitudes de realizó y que le fueron desestimadas.