En la jornada de ayer testificó otro grupo de inmigrantes perjudicados. Y también se leyeron las declaraciones de los que no pudieron estar presentes en la vista oral, pero que habían presentado las correspondientes denuncias. Entre las declaraciones que se escucharon en la sala de vistas de la Audiencia Provincial destaca la que realizó un boliviano que afirmó que, por dar crédito a la promesa de trabajo en Logroño que le hacía D.C.F., «perdí un contrato en Murcia y lo pasé fatal, porque luego el constructor desapareció y no me cogía ni el teléfono».
En otros dos casos, relataron cómo les caducó el plazo de regularización abierto en 2005 tras confiar en las gestiones que les estaba realizando D.C.F. a cambio de dinero, por lo que tuvieron que permanecer en situación en irregular en España otros dos años más hasta poder beneficiarse del proceso de regularización por arraigo. «Quiero que entre en la cárcel, me ha engañado y también le pido más dinero del que le entregué, porque el perjuicio para mí fue muy grande», reclamó uno de los inmigrantes.