La Fiscalía pidió ayer al Tribunal Supremo que absuelva del delito de provocación a la discriminación y al odio a tres dirigentes del disuelto grupo neonazi Círculo de Estudios Indoeuropeos (CEI); entre ellos, el dueño de la librería Kalki de Barcelona y el administrador de Ediciones Nueva República.

Así lo reclamó la fiscal Paloma Iglesias en la vista pública celebrada por la Sala de lo Penal del Supremo para estudiar los recursos contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona que, en octubre de 2009, condenó a los cuatro a penas de hasta tres años y medio de cárcel por los delitos de difusión de ideas genocidas, provocación al odio y asociación ilícita.

Según la fiscal, los libros que vendían y publicaban no contienen una provocación a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, aunque «los hechos sí son constitutivos de un delito de justificación del genocidio», según informa Efe.

«No hay una provocación directa a un acto concreto discriminatorio», dijo la fiscal, quien recordó la sentencia del Tribunal Constitucional que dictaminó, en 1997, que no es delito la negación del exterminio.

El presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Jacobo Israel, y el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, pidieron ayer una reforma del Código Penal, de acuerdo con las exigencias de la UE, según informa Olga R. Sanmartín. En concreto, reclaman que en el artículo 510, que prevé hasta tres años de cárcel para «los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología […]», la palabra «provocaren» se sustituya por «incitaren», lo que permitiría cerrar librerías como la Kalki o la Europa, así como webs de contenido neonazi.

En la presentación del Informe sobre el antisemitismo en España durante 2010, ambos colectivos denunciaron que, en los últimos años, se ha producido un aumento del antisemitismo en nuestro país. Ibarra estima que, de los 4.000 incidentes racistas que se producen cada año, 400 podrían ser antisemitas.