El escenario actual de crisis ha incrementado notablemente la preocupación de los ciudadanos en torno a sus derechos sociales. Tanto es así que el Ararteko ha visto cómo este último año se han disparado hasta en un 30% las quejas referidas a las distintas prestaciones como pueden ser la Renta de Garantía de Ingresos o las Ayudas de Emergencia Social.

El Defensor del Pueblo en Euskadi, Iñigo Lamarca, no oculta su inquietud por las consecuencias negativas que está trayendo la coyuntura económica actual. Reconoce que los mayores perjudicados están siendo las personas en riesgo de exclusión social, por lo que pide a las administraciones que gestionen las ayudas “con la mayor diligencia posible”. Según explicó ayer durante la presentación de su informe anual en el Parlamento Vasco, en ocasiones, el tiempo que se emplea en la tramitación de las solicitudes resulta excesivo, por lo que hizo un llamamiento a que se “prioricen” las reclamaciones de los colectivos más necesitados.

El Defensor del Pueblo de Euskadi alertó de que cada vez con mayor frecuencia se está tendiendo a vincular la inmigración con la delincuencia, un hecho que calificó de “alarmante”. “Se está extendiendo un discurso que no está basado en estudios rigurosos y que relacionan la inmigración con el uso abusivo y fraudulento de servicios públicos y prestaciones”, denunció Lamarca. El Ararteko advirtió de que este hecho “puede afectar a la convivencia y cohesión social”.

Asimismo, el defensor ha centrado este año parte de su esfuerzo en manifestar su desacuerdo con la supresión del servicio de atención jurídico-social a personas extranjeras, Heldu, por parte del Departamento vasco de Empleo y Asuntos Sociales, y tratar de que se restablezca. En este sentido, recordó el nuevo modelo planteado por el Gobierno Vasco presenta todavía “quejas y disfunciones”.