Él no lo dice, pero es muy posible que en sus sueños, Yayá se vea llegando a jugar en el Barça, como Seydou Keita: «Me gustaría que me fichara un equipo de Sabadell, donde vivo, porque juego a fútbol bastante bien», afirma convencido, superando la timidez y la dificultad para hablar en castellano. Nacido en Mali como el centrocampista azulgrana, sus vidas no son paralelas. Keita -15 años mayor-es de una familia de futbolistas y a los 17 años ya fichó por el Olympique de Marsella. Yayá atravesó Mali y Mauritania, se metió en una patera para cruzar el estrecho y finalmente llegó hace más de un año a Barcelona, donde ingresó en El Bosc, un centro de menores de la Generalitat. Su pasaporte indica que nació el 8 de diciembre de 1995.

Sin embargo, el año pasado, debido a su aspecto y a que en su expediente los Mossos d’Esquadra consideran que Yayá nació en 1992 la fiscalía incluyó al joven en la lista de los sospechosos de ser mayor de edad. Por eso ordenó que le realizaran unas pruebas médicas análisis de la mandíbula y de la muñeca que dictaminaron que los huesos de Yayá indican que es «una persona mayor de 18 años».

Hasta aquí, esta sería una historia más de chicos subsaharianos que la Generalitat expulsa de los centros de menores por considerar que en realidad son mayores de edad y que, por tanto, no debe hacerse cargo legalmente de ellos.

Ahora, por primera vez, una jueza de primera instancia, Maria Isabel Hernando, recoge el guante del Síndic de Greujes, la Defensora del Pueblo, la mayoría de forenses de España y de abogados defensores de estos jóvenes, como Albert Parés, y sentencia que Yayá es menor de edad porque su pasaporte, emitido en el 2009, es válido. «Al menos, nadie lo ha puesto en duda», añade. Y porque las pruebas radiológicas fueron insuficientes: «La anamnesis o exploración médica no se efectuó (sin constar la razón)» y «la forense admitió la existencia de un margen de error que no pudo determinar». La jueza recuerda que la radiografía de la muñeca se basa en datos sobre personas americanas o europeas, pero no hay estudios con subsaharianos. La jueza, además, cita las recientes jornadas de trabajo de la mayoría de forenses de España en las que se afirmó que los informes en los que se afirme que la edad es de «aproximadamente 18 años» o expresiones similares no son admisibles.

Coincidencias

Además, la sentencia recoge que el 7 de febrero del año pasado se inició la actuación de la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència) y los Mossos fijaron la fecha de nacimiento de Yayá en el 8 de febrero de 1992. Con lo cual, curiosamente, cumplía los 18 al día siguiente y, por tanto, el Govern podía, como hizo, archivar el expediente del joven porque ya era adulto.

Hoy Yayá comparte piso en Sabadell. No tiene ingresos, le ayudan algunos amigos y se limita a hacer «cursos de catalán y castellano». Tras el juicio por su caso, la jueza le ha dado la razón. «Estoy contento, mi abogado lo ha hecho todo para ser más feliz». E insiste: «Soy menor. La DGAIA se equivocó, dijeron que era mentiroso, que la documentación era falsa, lo que sea». Pero Yayá insiste en que tiene el pasaporte legal. Su abogado, Albert Parés, ve clave la sentencia «porque demuestra que la DGAIA no puede actuar de forma indiscriminada con los subsaharianos y porque en un estado de derecho, lo que se afirma se tiene que demostrar».

Ningún responsable de Atenció a la Infància del Govern ha querido valorar la sentencia. La conselleria está estudiando presentar recurso de apelación y no parece dispuesta a darse prisa para que Yayá regrese de forma inmediata a un centro tutelar. Mientras, Yayá sigue soñando con ser un futbolista de élite, pero para ello quiere conseguir los papeles que le den acceso a todo ello. «España tiene que ayudarme para hacer más feliz mi vida». «Un poco», añade tímidamente.