Durante la segunda sesión de la vista oral en la Audiencia Provincial contra D.C. F. comparecieron otros cinco inmigrantes y la hermana de un extranjero, todos ellos en calidad de testigos denunciantes y de perjudicados por el acusado.
El contenido de sus relatos coincidió en su mayoría con el también expuesto el lunes por otros siete extranjeros. Es decir, el ‘modus operandi’ del acusado era siempre el mismo. Contactar con inmigrantes bolivianos, colombianos y marroquíes que carecían de permiso de trabajo en España, ganarse su confianza incluso comiendo en sus propias casas, asegurarles que tenía «mucho trabajo» y que necesitaba «de 25 a 30 personas» para distintas obras y pedirles una cantidad de dinero, más o menos grande, en función de lo que los inmigrantes pudieran aportar en aquel momento. D.C.F. se comprometía entonces a firmar con ellos un contrato de trabajo y, después, con este documento y el resto de requisitos exigidos por Extranjería, a regularizar su situación laboral.
Pero nunca lograron trabajo y sus solicitudes de regularización fueron desestimadas, entre otras razones porque la empresa del acusado no estaba al corriente en el pago de la Seguridad Social y tenía solicitados aplazamientos de otros pagos con la Hacienda pública.
Especialmente significativo fue el testimonio de uno de los inmigrantes . «Me dijo que le diera el dinero que pudiera y le di 500 euros», precisó. Y, para la regularización de su situación laboral, también confió su pasaporte a D.C.F. «Lo que yo pasé ese mes no tiene precio para pagar», aseguró este testigo, quien recordó que el acusado de estafa continuada se quedó con su pasaporte durante treinta días. «Acabé recuperándolo porque le llamé, le insistí y le perseguí. Sufría más por mi pasaporte que por el dinero que le había dado, ya que me tenía totalmente indocumentado».
«Se presentaba en nuestras propias casas. Yo no le acompañé a la oficina de Extranjería, sino que entró solo y me dijo que todo estaba arreglado. Le di 900 euros, el último dinero que tenía. Que nos roben es una estafa, pero ¡que nos tomen por tontos!», se lamentaba ayer otro testigo al reclamar que el acusado cumpliera la pena de cárcel que le correspondiera.
Otro de los hombres estafados contó ante el tribunal cómo, a los pocos días de que el acusado presentara la documentación para regularizar su situación, «me dijo que me presentara a trabajar en un portal de la calle Murrieta». Pero, «fui allí, estuve dando vueltas desde las siete y media de la mañana hasta las doce y no encontré obra alguna. Le llamé por teléfono y me dijo que no me preocupara, que tendríamos trabajo en Alicante».
El fiscal solicita tres años de cárcel para D.C.F por estafa continuada, así como que indemnice a los inmigrantes engañados con las cantidades que quede acreditado que ellos le pagaron. La acusación particular pide nueve años de cárcel por estafa y otros siete y medio por un delito contra el derecho de los trabajadores.