La crisis económica ha tenido una repercusión directa en el número de quejas ciudadanas recibidas por el Ararteko, que ha visto en el último año cómo se incrementaban hasta un 30% las reclamaciones relacionadas con diferentes problemas sociales. Hay muchas caras en el prisma, desde las dificultades para acreditar los requisitos necesarios para cobrar una prestación económica; la «diferente interpretación» de la normativa por parte de las diferentes Administraciones; la exigencia, en algunos casos, de «documentos imposibles» a personas en riesgo de exclusión social; la excesiva duración de los trámites o la supresión de subsidios como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o las Ayudas de Emergencia Social (AES). En esa compleja realidad deteriorada por la crisis, preocupa también la extensión de «un discurso social, que no está basado en estudios rigurosos, que relaciona inmigración con delincuencia y con el uso abusivo y fraudulento de servicios públicos y prestaciones».
Todas estas fotografías son sólo un pequeño extracto de las 592 páginas del informe anual que entregó ayer el Ararteko, Iñigo Lamarca, a la presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Quiroga. El Defensor del Pueblo Vasco, un servicio público y gratuito que vela por el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, recibió en 2010 un total de 6.446 consultas y quejas, un 3,75% más que el año anterior. Se iniciaron además 59 expedientes de oficio.
Si bien el incremento no es tan abultado como el registrado en 2009 (un 13% más de demanda, consecuencia de una campaña de información sobre el funcionamiento y utilidades de este servicio), sí sobresale el incremento de actuaciones en un capítulo muy concreto, el de los servicios sociales, destacó ayer Lamarca durante una rueda de prensa en la Cámara vasca. Sumado el malestar ciudadano en este área a las quejas recibidas sobre vivienda, educación y sanidad, «los otros pilares del Estado de bienestar», la estadística resuelve que el casi el 40% de las reclamaciones han tenido un mismo denominador, «los derechos sociales».
«Falta de recursos»
Constatadas estas heridas provocadas o agravadas por la crisis, el Ararteko hizo un llamamiento público para que las diferentes instituciones actúen «con la mayor diligencia posible» a la hora de tramitar las solicitudes para cobrar una prestación económica, muchas de las cuales requieren de «una respuesta inmediata» y no siempre se actúa «con la suficiente rapidez», denunció. A Lamarca le preocupa especialmente que «en un momento de crisis como el actual se haya extendido un discurso social que relaciona inmigración con delincuencia y el uso abusivo y fraudulento de las ayudas». A su juicio, un elemento que dificulta «el progreso y la integración de las personas extranjeras» es la falta de recursos «eficaces» para luchar contra la discriminación. En este sentido, denunció que aún siga sin aprobarse el reglamento de aplicación de la ley de derechos y deberes de los extranjeros en España y su integración social y que tampoco se haya aprobado en Euskadi el III Plan Vasco de Inmigración. La supresión del servicio de atención jurídica al inmigrante ‘Heldu’ se llevó a cabo el pasado año sin contar con ese documento que sirve de guía en las políticas de inmigración, lo que «provocó una situación de incertidumbre» que sigue traduciéndose en quejas al respecto, detalló.
Lamarca exigió a las instituciones que sea para ellas un «objetivo prioritario» la lucha contra la exclusión social y pidió «garantizar la cohesión y la inclusión social» debido a las «graves bolsas» de precariedad y exclusión que ha generado la crisis. Así, permanecerá «vigilante» para que el mensaje no quede en una simple advertencia.
Las recomendaciones del Defensor del Pueblo Vasco no son de obligatorio cumplimiento, pero sí suelen servir de acicate para corregir cualquier abuso, error o negligencia administrativa. De hecho, en ocho de cada diez casos en que las instituciones son reprendidas se corrige la actuación que motivó la queja, un dato que demuestra «la eficacia» de la institución creada en 1985 en el País Vasco, cuyo asiento ocupa desde 2004 Iñigo Lamarca. Según los datos presentados ayer, los ayuntamientos continuaron siendo las administraciones contra las que más reclamaciones se presentaron, el 42%, seguido de las quejas sobre actuaciones del Gobierno Vasco (35%) y las diputaciones forales (16%).
Recomendaciones
Una de las funciones básicas del Ararteko es la resolución de las quejas particulares de los ciudadanos, siempre y cuando estén justificadas, pero no todos los asuntos pueden ser resueltos y otros trascienden del caso particular. En estos supuestos, dicta una recomendación de carácter general dirigida a una o varias administraciones. A lo largo de 2010 se han dirigido seis recomendaciones generales sobre otras tantas materias, que se pueden encontrar en la página web ‘www.ararteko.net’.
Entre ellas está la de fomentar la custodia compartida en casos de separaciones y divorcios «como opción más deseable», que se garantice la igualdad de hombres y mujeres en las fiestas patronales, que se eliminen las barreras administrativas a familias homoparentales y a parejas o matrimonios del mismo sexo, o que se garanticen los derechos de las personas detenidas en situación de incomunicación.