D.C.F. entregaba por doquier sus tarjetas de presentación en las que estaba impreso su cargo como gerente de una empresa constructora que llevaba su mismo nombre. Pero solo lo hacía entre extranjeros deseosos de regularizar su situación en La Rioja. Eso es lo que se desprende de los testimonios que prestaron ayer ante el tribunal de la Audiencia Provincial siete de los catorce inmigrantes a los que pidió dinero a cambio de un contrato de trabajo y de regularizar su situación laboral en La Rioja.
Ni llegaron los ‘papeles’ ni lograron trabajo remunerado, ya que sólo en dos casos afirmaron haber realizado algunas ‘chapuzas’ en obras menores, pero sin estar dados de alta en la Seguridad Social ni percibir contraprestación económica alguna. Eso sí, a todos los supuestamente afectados les hablaba de una «obra grande» que tenía que realizar en el aeropuerto de Alicante y de que estaba preparando las cuadrillas para este trabajo. Para ello les requirió cantidades de oscilaron entre los 200 y los 1.800 euros.
El acusado se mostró conforme con la petición de condena del ministerio fiscal tres años de cárcel y la indemnización correspondiente por las cantidades que pagaron los extranjeros y que resulten acreditadas, por lo que se deduce que se reconoce culpable del delito continuado de estafa que le imputa la acusación pública. «Sé que ha sido injusto lo que he hecho, pero ellos también lo han sido conmigo», afirmó ayer el acusado ante el tribunal. «Lo hice por hacerles un favor y siempre ponían mis datos en los contratos, siempre he dado la cara», precisó.
Sin embargo, no acepta la demanda que realizan las acusaciones particulares. Estas añaden a la estafa continuada el delito contra el derecho de los trabajadores, al considerar que queda probado que trabajaron para el acusado sin recibir el alta en la Seguridad Social y que se da la reincidencia en D.C.F., puesto que ahora cumple condena en la cárcel aragonesa de Zuera por delitos similares.
Por estas razones, los letrados de los inmigrantes consideran que el supuesto constructor debería cumplir nueve años de cárcel por estafa y otros siete años y medio por el delito contra el derecho de los trabajadores, además de pedir que las indemnizaciones contemplen todas las cantidades abonadas, tanto las que están acreditadas mediante los recibos que les extendió el acusado como las que no tienen certificado alguno de entrega y deben basarse en las declaraciones de los extranjeros.
Los testigos que ayer comparecieron en la vista oral procedían de Bolivia y Marruecos, si bien también existen otros naturales de Colombia. Durante el interrogatorio al que ayer fueron sometidos los siete que declararon, todos aseguraron sentirse «engañados» por el acusado y también confirmaron que era el propio D.C.F. el que les pedía el dinero, sin intermediarios, y el que les insistía en que, si conocían a más extranjeros en situación irregular, no dudaran en presentárselos para realizar con ellos los mismos trámites administrativos.
El juicio continúa hoy y está previsto que también se prolongue a la jornada de mañana.