ES un dato objetivo que la actual crisis económica ha provocado en todos los países una reducción de la inmigración que llega, y agrava la situación de los inmigrantes que ya están aquí, especialmente la de aquellos que arrastran una situación irregular empeorada ahora por el desempleo y el miedo a la deportación. A lo largo de la semana pasada, organizaciones y colectivos de Navarra convocaron diversos actos dentro de la Semana Contra el Racismo, una cita que ha tratado de recordar que la discriminación sigue existiendo y se hace mucho más evidente en momentos de crisis. Una situación a la que se suma, ahora y siempre, el miedo, miedo primero a no ser aceptado y luego a una deportación. El año pasado, 68 personas fueron repatriadas en Navarra, una cifra inferior a la del ejercicio anterior y que refleja el descenso generalizado en las deportaciones en el Estado. Y es que la inmigración es mucho más que asumir mano de obra en momentos de economía boyante, por ello, en la coyuntura actual, el esfuerzo de los gobiernos debería centrarse primero en facilitar la vuelta del inmigrante en paro al mercado laboral como cualquier otro trabajador, pero también y, sobre todo, en garantizarle sus derechos básicos como persona y facilitarle los cauces para lograr su más amplia integración social. No es nuevo, pero todavía sigue pendiente, el aceptar que la solución a medio y largo plazo pasa por la educación, para que ésta sea un pilar básico desde el que construir una nueva sociedad tan plural como plurales sean sus ciudadanos y ciudadanas. Mientras, SOS Racismo ha vuelto a poner la alarma en las “peticiones discriminatorias de documentación” que se llevan a cabo en diferentes lugares de Pamplona, lugares algunos a los necesariamente tienen que dirigirse, como centros de salud o oficinas del Inem y en donde los agentes buscan inmigrantes en situación irregular pidiendo la documentación basándose en su apariencia o rasgos físicos. Esto se sigue dando a pesar de que hace unos días el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial ya emitió un informe en el que instaba a España a “tomar medidas efectivas para erradicar la práctica de controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales” y le indicaba que debía reformar aspectos de la ley en materia de extranjería. Demasiados temas pendientes, cuando lo que está en juego es una materia tan sensible como las personas y sus derechos.