Bilbao. “El problema subsiste y yo comparto con usted esta preocupación”. La consejera de Educación, Isabel Celaá, respondía ayer de esta forma a la pregunta de Mikel Arana (Aralar) sobre qué ha hecho el departamento desde que en 2009 la Cámara Vasca le instase a hacer un reparto equilibrado entre los colegios públicos y concertados del alumnado inmigrante para evitar su guetización. Quien defendiera con firmeza fijar cuotas del 20% de alumnado extranjero para impedir su segregación – en su etapa de oposición – no ha podido más que reconocer que el fenómeno de la inmigración es imparable, y que su reparto equitativo entre la red pública y privada sigue siendo una materia pendiente de su departamento.

Aun así, lo más preocupante de lo escuchado ayer en el Parlamento es que Celaá, más allá de retórica, evidenció que no ha dado aún con la fórmula para evitar que se perpetúe el histórico desequilibrio entre las dos redes que forman el sistema educativo. Solo al final de su intervención la consejera avanzó tímidamente que una solución podría venir de mejorar los incentivos a los centros que acojan alumnado inmigrante hasta el punto de hacerlos atractivos, de tal modo que induzca un cambio de actitud entre los centros más reacios a abrir sus aulas a este sector. Es decir, los colegios privados – concertados que solo acogen a dos de cada diez inmigrantes, en su mayoría centros de religiosas.

En este sentido, Celaá manifestó: “Creo que la fórmula es a través de incentivos, no mediante medidas proteccionistas, haciendo que realmente las ventajas de aquellos centros que reciben alumnos extranjeros sean tales que verdaderamente sean apetecidos por la mayoría”. No obstante, la titular de Educación no concretó qué tipo de incentivos podrían ser, ni si su departamento está dispuesto a darlos.

La vaguedad de las explicaciones ofrecidas ayer por Celaá no satisfizo a Aralar, que presentará una moción para exigir a Educación las medidas necesarias para evitar que el alumnado extranjero por aula supere el 20%. Cabe recordar que “los expertos recomiendan no superar el 20% de inmigrantes ya que los colegios e institutos corren el riesgo de convertirse en guetos” (Evolución del Racismo y la Xenofobia en España 2009). Sin embargo, la experiencia de algunos centros vascos con un elevado porcentaje de inmigrantes en sus aulas – como el Instituto de Astrabudua (Erandio) con más de la mitad de alumnos extranjeros – , choca con la línea pedagógica que defiende las cuotas ya que demuestra que diversidad y éxito escolar no tienen por qué estar reñidos. Pese a ello, tampoco se puede obviar el hecho de que una excesiva concentración de extranjeros en un mismo colegio también acarrea problemas dentro de los centros, por no hablar de la percepción negativa de ciertas familias.

Por eso, desde Aralar piden un plan de acción global ya que “la situación ha empeorado, y en los últimos tres años ha ascendido el número de colegios que supera el límite por aula del 20%, sobre todo en la pública”, afirmó Mikel Basabe. Según los datos de Educación, este curso ha crecido el número de estudiantes extranjeros hasta alcanzar los 22.213 escolares. El curso 2008 – 2009 había 21.000 inmigrantes, el 6,5% del alumnado, y hace una década su presencia era anecdótica. Por ejemplo, en el año 2.000 apenas había 2.094 extranjeros en la Enseñanza Obligatoria – el 0,66% – , una cifra que en una década ha crecido exponencialmente hasta llegar al número actual.

También se ha incrementado el número de centros porcentajes superiores al 25% de alumnado inmigrante. Este curso hay 68 colegios en estas condiciones: 35 en Bizkaia, 23 en Araba y 10 en Gipuzkoa. En el curso 2009 – 2010 eran 65 centros y 63 el curso 2008 – 2009. Asimismo, se ha ampliado la brecha público – privada a la hora de acoger en sus aulas a este colectivo. Los colegios públicos absorben a casi ocho de cada diez menores inmigrantes.

Además hay 12 centros donde los que los extranjeros superan en número al alumnado vasco. En su mayoría se concentran en Gasteiz y Bilbao. Hay seis colegios en la capital alavesa con porcentajes que doblan y triplican el 20% recomendado por los expertos, todos públicos: Santa María de Vitoria (75%), Los Herrán (68%), Divino Maestro de Maeztu (61%), San Ignacio (57%), Judizmendi (52%), Samaniego (52%). En Bilbao hay tres centros con alta concentración de alumnado inmigrante: Solokoetxe (79%), Presentación de María (64%) y Bertendona (62%). Esta lista se completa con Lamiako de Leioa (63%), San Ignacio de Getxo (57%) e Hirubide de Irun, con algo más de la mitad de su alumnado de fuera de la CAV. De esta lista, sólo un colegio es privado.

Las contradicciones de Celaá La falta de iniciativa desplegada por esta consejería sorprende cuando menos ante la perspectiva de que el reparto equitativo los inmigrantes fue uno de los caballos de batalla del Partido Socialista de Euskadi la pasada legislatura, cuando el exconsejero Tontxu Campos se planteaba el reto de que ningún centro superase el 30% de alumnado inmigrantes. Por aquel entonces – corrían los años 2006 – 2007 – , la parlamentaria y portavoz del PSE – EE en materia de Educación, Isabel Celaá, exigía que se adoptasen medidas.

“Es necesario que se establezca un reparto proporcional de los inmigrantes entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, y para eso es necesario tomar medidas”, decía Celaá en 2007. Un año antes – en octubre de 2006 – la hoy consejera interpuso en el Parlamento Vasco una Proposición no de Ley en la que afirmaba: “El fenómeno de la inmigración o la incorporación al sistema educativo vasco de alumnado inmigrante es reciente y está en rápida progresión hasta el punto de que entorno al 5% es de origen extranjero, porcentaje que alcanza el 6% en Primaria”. “Otra preocupación relevante – rezaba el texto – constituye el acceso en proporciones desiguales y desequilibradas a cada centro de este sector”.

“Todos los centros sostenidos con fondos públicos deberían colaborar con criterio de igualdad en función de su cuota de matriculación en la escolarización de este alumnado”, decía Celaá hace cinco años. De la misma manera, señalaba, “todos deberían recibir los mismos medios humanos y materiales a la hora de afrontar este proceso de escolarización”. Cinco años después, dos como consejera de Educación, Celaá no ha hecho nada para frenar que se agudice la distancia que separan a la pública y la privada.