Tres empresarios del sector agrario fueron detenidos en la mañana del jueves por efectivos de la Guardia Civil, ya que se les imputa un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

La operación, desarrollada en varias explotaciones agrícolas del norte de la provincia de manera conjunta entre la Benemérita y los Servicios de Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, se saldó con la identificación de 53 personas empleadas en varias peonadas y dio lugar a la apertura de 14 expedientes sancionadores por diversas infracciones, en materia de Seguridad Social, movimientos migratorios y permisos de trabajo en materia de extranjería.

Las detenciones se realizaron en el marco de la denominada ‘Operación Fruto’, iniciada por la Guardia Civil el pasado mes de febrero al detectar que se producían discriminaciones en el pago de los salarios de los jornaleros en función de su situación legal en el país.

Las primeras investigaciones llevaron a los agentes a comprobar que en la zona había inmigrantes cuya retribución e irregularidad en el cobro de sus sueldos eran totalmente arbitrarios y discriminatorios. Tras contactar con varios testigos, las pesquisas policiales se centraron en las explotaciones agrícolas de los ahora detenidos, J.F.L.B., de 43 años de edad; A.G.B., de 35; y J.C.G.B., de 40, vecinos de Benicarló y Valencia.

Los arrestos llegaron como consecuencia de la directa aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2000 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

La operación de la Guardia Civil continúa abierta para la localización de más autores implicados en los hechos. Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Vinaròs.

Un precedente cercano

La última operación de este tipo realizada en Castellón también tuvo como escenario el norte de la provincia y se saldó con la detención de dos ciudadanos pakistaníes que explotaban laboralmente a 71 compatriotas en campos agrícolas.

Los detenidos presuntamente recogían en cuatro furgonetas a los trabajadores y les trasladaban a diversos huertos donde trabajaban precariamente a cambio de una cantidad inferior al mínimo legal.

Además, los supuestos explotadores les cobraban seis euros diarios en concepto de transporte independientemente de que trabajaran ese día o no, y les facilitaron tres viviendas en las que se hacinaban y por las que tenían que pagar 120 euros mensuales cada uno para tener derecho a un colchón, además de tener que abonar aparte los gastos de luz, agua o comida.

Los agentes descubrieron localizaron a los trabajadores en una finca de San Rafael del Río y en otra en Mas de Fabra (Benicarló), aunque los dueños de esta última explotación eran totalmente ajenos a los hechos delictivos.