La consejera de Educación, Isabel Celaá, anunció ayer que su departamento apuesta por «incentivar» a los centros escolares que cuentan con un mayor porcentaje de alumnos inmigrantes con el objetivo de hacerlos atractivos a la población en general. Esta, dijo, es la «fórmula» más acertada para evitar que estos colegios se conviertan en guetos, en lugar de aplicar «medidas proteccionistas» basadas en cupos máximos de alumnos. Este curso, según los datos proporcionados ayer por la consejera en el pleno del Parlamento vasco, un 10,5% de los centros públicos que hay en Euskadi (48 de 459) y un 5,6% de los concertados (13 de 234) superan el 25% de escolares extranjeros.

Celaá contestaba así al parlamentario de Aralar, Mikel Basabe, que le interpeló acerca del «gran desequilibrio» que se ha producido, a su juicio, en la distribución del alumnado inmigrante matriculado después del inicio del curso actual. Según explicó la responsable de Educación, en la actualidad hay 22.213 alumnos extranjeros en las aulas vascas y evitar que se concentren en unos pocos colegios constituye un «puzzle difícil de casar». «Y, cuando uno lo casa un año, al curso siguiente se le descuadra». La razón, según la consejera, deriva de la «libertad de elección» que ejercen estas familias que «no son precisamente familias potentes, poderosas que vienen con un gran nivel intelectual». «Son familias que necesitan agrupamientos, autoayuda para salir adelante», apuntó.

La consejera reconoció que se trata de una cuestión «muy dura» porque mientras «acomodar a la familia de un investigador de Ikebasque no representa ninguna dificultad, por mucho que hable inglés o alemán», sí la representa «el que viene desvalido y quiere encontrarse con sus primos». Y en este sentido, apostó por «trabajar mucho» en la conciencia social para hacer ver «las ventajas de tener diversidad en el centro» y evitar «la escapada» de personas que no quieren matricular a sus hijos en escuelas con un alto porcentaje de inmigración. La consejera se mostró partidaria de discriminar positivamente a estos centros con «incentivos», que no concretó, para «que sean apetecidos por la mayoría» de la población.

Red concertada

Por otro lado, la asociación Ikastolen Elkartea, a la que pertenecen las ikastolas de Partaide, recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia que les obliga a reintegrar a sus docentes el salario completo que se les redujo de forma proporcional al recorte aplicado por el Gobierno vasco en los módulos de concierto puesto que, según los jueces, supone el incumplimiento de su convenio colectivo. En un comunicado, Ikastolen Elkartea cree que el Gobierno vasco «no puede mirar para otro lado» y advirtió de que «no van a ser las familias las que acaben pagando».

El conflicto suscitado a raíz de las sentencias que condenan a la red concertada a abonar los salarios íntegros también llegó al Parlamento, a raíz de una pregunta formulada por el parlamentario de EA, Juanjo Aguirrezabala, que pidió al Ejecutivo autónomo «que asuma lo que se les debe a los trabajadores». «Lo que me pide es que vulnere la ley, que pague más allá de los módulos de financiación». «¿De dónde lo saco (el dinero)? ¿Usted cree que tenemos una máquina?», inquirió la consejera, quien consideró que los centros concertados deberían «acomodarse al nuevo escenario con realismo».