La Fiscalía de Gipuzkoa sentará en el banquillo a una veintena de personas acusadas de formar parte de una organización criminal integrada por ciudadanos procedentes de países del Este. El presunto cabecilla de la organización era descendiente de uno de los denominados ‘niños de la guerra’. El ministerio público imputa a los acusados delitos de asociación ilícita, extorsión, hurto, receptación, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, planes de secuestro… Solicita para los inculpados penas que suman 137 años de prisión. La fecha del juicio aún no está señalada.
El Juzgado de Instrucción número 3 de San Sebastián ha concluido la investigación de este complejo caso que se inició a mediados de 2007, cuando la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de San Sebastián tuvo conocimiento de las presuntas actividades ilícitas de este grupo. Según el escrito de calificación de la Fiscalía, los acusados formaban parte de una organizada comunidad que se dedicaba a la comisión de actividades ilícitas con el «principal objetivo de obtener un enriquecimiento personal y colectivo de sus miembros», precisa. El ministerio público añade que este tipo de actuaciones las llevaban a cabo de forma «sistemática, continuada» y constituían su «verdadero medio de vida». La organización tenía su origen en la «delincuencia organizada procedente de estados integrados en la antigua Unión Soviética o situados en el ámbito de influencia de la misma».
La estructura del «entramado», según la Fiscalía de Gipuzkoa, se caracterizaba por la existencia de una escala jerarquizada. «Dicha estructura se conforma por grupos regionales dirigidos por líderes locales que responden de forma piramidal ante un superior -Vor V Zakone (Ladrón de Ley)-», afirma la Fiscalía.
El escrito de acusación del ministerio público detalla que la organización se financiaba, de una parte, mediante lo que sus miembros obtenían en la comisión de delitos contra el patrimonio y, por otra, de la extorsión a la que sometía a empresarios de su misma nacionalidad que regentaban establecimientos abiertos al público en Gipuzkoa. Con esta contribución forzosa, indica la Fiscalía, los acusados obtenían una «obsak», es decir un fondo económico común.
El cabecilla
La organización estaba liderada en Gipuzkoa por Alberto M.S. Era, el ‘Vor V Zakone’. Esa persona posee doble nacionalidad (española y rusa), ya que, de acuerdo con la investigación, es descendiente de los denominados ‘niños de la guerra’ que fueron enviados a la antigua Unión Soviética durante la Guerra Civil española.
El acusado llevaba una decena de años residiendo en Gipuzkoa y no tenía actividad laboral alguna, si bien figuraba en alguno de los locales comerciales que la organización poseía en el territorio. La Fiscalía sostiene que esta persona dirigió el grupo asentado en San Sebastián, «de modo que bajo su mando actuaban y a él daban cuenta el resto de miembros de la organización residentes en la provincia», afirma.
El acusado fue detenido en enero de 2009 junto a su mujer, Marina S.K., y en el registro de su domicilio, situado en el Paseo de los Olmos de la capital guipuzcoana, la Guardia Civil halló recibos de envíos de dinero a países del Este, diverso material informático, 1.000 euros escondidos en un mueble, joyas y casi 300 gramos de cocaína de una elevada pureza.
El descabezamiento de la cúpula tras el arresto del ‘Vor V Zakone’ dio lugar a una lucha interna dentro de la organización por conseguir el liderazgo, con el que finalmente se alzó Alexander K, alias ‘Sandro’, hasta entonces asentado en Cataluña. De acuerdo al escrito fiscal, ‘Sandro’, «extendió así su dirección criminal sobre la actividad ilícita de ciudadanos del Este de Europa en Gipuzkoa» y para ello contó con sus hombres de confianza en Cataluña.
«Brazo ejecutor»
Precisa también el ministerio público que, a comienzos de 2008, ante la presión policial en torno al nuevo jefe, otro de los acusados, Misha S. asumió la función de «brazo ejecutor» de su superior, a quien llegó a suplantar la identidad, tanto en sus desplazamientos como en sus conversaciones telefónicas, todo ello para facilitar la huida del jefe y evitar su detención, afirma la acusación.
Según la Fiscalía, los nuevos cabecillas de la organización en Gipuzkoa idearon el secuestro de un empresario georgiano residente en Bilbao, «con el fin de exigirle y obtener así una contraprestación económica a cambio de dejarle en libertad».
Según el documento fiscal, los miembros de la organización residentes en Cataluña disponían de llaves maestras e instrumentos para acceder a inmuebles para robar. Asimismo, contaban con armas para ejecutar sus acciones.
La organización, sostiene la Fiscalía, tenía una célula en Cataluña que elaboraba certificados falsos de empadronamiento, permisos de conducir, documentos de identidad y pasaportes «que permitieron establecerse y circular de modo legal por el territorio español a los restantes miembros de la organización».
La Fiscalía imputa a los acusados delitos de asociación ilícita, extorsión, hurto, receptación, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, delito para la proposición de secuestro, delito para la proposición para la comisión de un delito continuado de robo con fuerza en casa habitada, tenencia de arma prohibida, falsificación de documentos públicos y, por último, tenencia de material para falsificar documentos.
La Fiscalía solicita penas que suman en total 137 años de cárcel. Para el ‘Vor V Zakone’, descendiente del ‘niño de la guerra’, se piden 16 años y seis meses de cárcel además de una multa de 87.000 euros. Para el resto de acusados, las penas oscilan entre los 3 y los 10,6 años de cárcel.