PP y PNV han pedido a la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, que aclare en el Parlamento vasco en qué consiste el nuevo ‘modelo de apoyo’ a los inmigrantes en situación irregular, la fórmula que sustituye las oficinas de Heldu que asesoraban jurídicamente a los ‘sin papeles’ y que fueron cerradas en julio pasado. El emplazamiento realizado por ambas formaciones se produce cuando han vuelto a aflorar en Euskadi – denunciadas por SOS Racismo de Vizcaya y CC OO – las estafas sufridas por trabajadores extranjeros, a los cuales les prometen un contrato de trabajo y ‘papeles’ a cambio de dinero.

En una pregunta presentada en la Cámara de Vitoria, la parlamentaria popular Laura Garrido reclama al departamento de Zabaleta que exponga los criterios con los cuales está eligiendo a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que van reemplazar las tres sedes de Heldu en Vitoria, Bilbao y San Sebastián. Las entidades designadas hasta ahora son, según un documento explicativo enviado por el Gobierno vasco a la Cámara de Vitoria, la Cruz Roja de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa; CEAR – Euskadi, CITE – Comisiones Obreras, Cáritas Bizkaia, Adiskidetuak y Cosmópolis.

La iniciativa de los populares se ha producido después de que la parlamentaria del PNV Nerea Antia hubiera instado a la consejería de Asuntos Sociales a informar en la Cámara vasca sobre el tipo de auxilio jurídico que recibirán los extranjeros en Euskadi y a presentar el III Plan de Inmigración, tal y como exigieron todos los partidos, excepto el PSE, en octubre de 2010.

No obstante, el PP ha ido más allá. Ha preguntado a Gemma Zabaleta cuánto costará en adelante el asesoramiento jurídico de los extranjeros y le ha pedido que indique si, antes de aprobar el nuevo modelo, se encargó algún «estudio previo» y por cuánto dinero.

Los populares quieren, además, que les desglosen los fondos que recibirán los organismos que van a intervenir en el futuro: la entidad pública Biltzen (con un presupuesto de unos 900.000 euros para 2011), las Unidades de Coordinación y Atención a los Inmigrantes (UCAI), ambas integradas en el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales; y los tres colegios de abogados del País Vasco, que han firmado un convenio de 400.000 euros con el Departamento de Justicia, en virtud del cual se ocupan desde enero pasado de los casos previamente cribados por Biltzen y las UCAI.

Rechazo unánime

Esa estructura de apoyo se completa con las ONG que han firmado los acuerdos de cooperación con la Administración autónoma. Todas ellas, y las que puedan sumarse en el futuro, se repartirán unos 800.000 euros de subvenciones durante 2011, una cantidad similar a la que recibía anualmente Heldu, donde trabajaba una veintena de personas – entre abogados y administrativos – que centralizaron 30.000 expedientes de inmigrantes enviados muchas veces por ayuntamientos y colectivos sociales. El cierre de Heldu, justificado con el argumento de que los extranjeros no precisan de servicios específicos, despertó el rechazo unánime de instituciones y asociaciones.

En adelante, el protagonismo lo tendrán las ONG conveniadas con el Gobierno vasco, algunas de las cuales ya están contratando abogados por unos 30.000 euros al año. Cruz Roja de Álava ya ha empezado a trabajar en el valle de Ayala, donde ha destacado un letrado. Cruz Roja de Guipúzcoa está realizando una selección de profesionales, previsiblemente para cubrir la zona de San Sebastián. Adiskidetuak se ocupará de la zona de Irún, mientras que Cruz Roja y CEAR lo harán en Vitoria. En la capital vizcaína actuarán, por su parte, Cáritas, CC OO y CEAR. Igualmente, Cosmópolis ha abierto una sede en Getxo, con un cartel en el que ofrece asesoramiento a extranjeros y añade que se dedica a la cooperación al desarrollo.