Y mientras en Bilbao SOS Racismo alza su voz contra la discriminación, en otros puntos del Estado son muchos los movimientos sociales que trabajan también a pie de calle en favor de la integración. En Madrid, hace más de año y medio que se pusieron en marcha las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, una iniciativa vecinal que aglutina a un grupo de gente que está en frontal desacuerdo con las prácticas policiales de identificación y cacheos que se centran en inmigrantes. La labor de esta plataforma vecinal se basa en salir por los barrios de la ciudad para observar y documentar esos controles con un doble objetivo: “poner en conocimiento de la jurisdicción penal, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, organismos internacionales y de toda la ciudadanía estas prácticas policiales”, e informar directamente a los vecinos de cada zona sobre estas actividades.

Así, no es raro verlos, ataviados con un característico chaleco reflectante naranja que lleva la inscripción Vigilando a los vigilantes y recorriendo los puntos calientes para este tipo de identificaciones, como los tornos de las estaciones de metro, intercambiadores o simplemente por las calles de los barrios que tienen un alto índice de población inmigrante.

José Luis de la Flor es uno de estos brigadistas. “Se están viendo cada vez más identificaciones en la calle, en los locutorios, en bares…”, explica. “Es una práctica de negación de los más básicos derechos elementales, porque la parada y petición de DNI y documentación es simplemente por perfil racial”, añade. “Cuando nosotros intervenimos y les preguntamos a los agentes, nos dicen que son controles rutinarios, pero nosotros observamos que solo se para a personas subsaharianas, magrebíes y latinos”, afirma De la Flor.

Ahora, estas brigadas alzan su protesta por las denuncias impuestas por agentes de la Policía a varios de sus miembros que llevaban a cabo labores de observación los días 21 de diciembre en Lavapiés y el 22 de febrero cerca de metro Oporto. La Policía identificó a quienes participaban en las brigadas, y se les abrió un expediente sancionador. Desde esta plataforma vecinal aseguran que estos brigadistas no incurrieron en ningún delito, ni increparon a los agentes, ni llevaron a cabo ninguna provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana, como aseguran desde estas brigadas que reza la denuncia. “La propuesta sancionadora no creemos que sea simplemente una propuesta del agente a nivel individual, sino también de la Delegación del Gobierno, que es la que firma las denuncias y la que incoa el expediente”, subraya De la Flor.

Pero estos vecinos solidarios no cejan en su labor de observadores “indignados” ante esta realidad en las calles de Madrid. “Hemos hablado con gente que ha sido identificada hasta cinco veces en un día”, narra De la Flor, y hace hincapié en lo vulnerables que son estos inmigrantes “que se están construyendo como una población consciente de su carencia de derechos”.

Para De la Flor estas prácticas policiales suponen un “atentado” contra les espacios públicos, que en lugar de constituir lugares de convivencia se han transformado “en check points para la gente”.

Estas brigadas vecinales no se sientes solas en esta lucha. Se sienten reconfortados por la existencia de más asociaciones y entidades que trabajan en pos de la integración y también por los propios vecinos de los barrios. “En Madrid, institucionalmente están las cosas cada vez más fuertes y más feas”, explica, “pero vecinalmente todavía hay muchos espacios de solidaridad y para generar un espacio común”, añade.

“La propia iniciativa de las brigadas es una constatación por parte de los vecinos y vecinas de Madrid de que no queremos este tipo de sociedad, no queremos que en nuestros barrios se nos diferencie entre ciudadanos con derechos y sin derechos”, concluye.