Un día después de que se conociera que la ONU ha pedido a España que erradique las redadas masivas e indiscriminadas de inmigrantes, Cáritas denunció ayer «un aumento» de estos controles en intercambiadores, estaciones de tren, paradas de metro y, también, en sus propios centros.

Desde que EL MUNDO revelara, en enero de 2009, que se estaban produciendo estas identificaciones en todo tipo de lugares públicos, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha negado sistemáticamente estas prácticas, denunciadas incluso por los policías. La confederación de entidades de acción caritativa y social de la Iglesia Católica se suma a la lista de organizaciones que dan constancia de estos controles en un informe que aborda la situación social de los inmigrantes que los agentes de Cáritas acompañan.

El texto señala que «la mayor parte de los agentes de Cáritas indica que en 2009 y 2010 se han producido controles de identificación en los espacios públicos, generalmente aumentando, mientras que sólo en la cuarta parte» de las 54 diócesis que participaron en el estudio «se indica que casi nunca hay controles».

En «un tercio» de las diócesis han acudido policías a los centros de acogida solicitando información sobre los inmigrantes. Esto suele ocurrir desde una o dos veces al año hasta una vez al mes, como ocurre en las diócesis de Canarias, Segorbe-Castellón y Mondoñedo-Ferrol; es decir, los controles identificativos ya no se circunscriben sólo a las grandes áreas metropolitanas. «Preocupa de un modo especial la asiduidad con que la Policía llega a nuestros centros, cuando la indicación legal es muy clara: los datos personales de las personas acogidas sólo pueden cederse si se produce una situación de peligro real o de cara a la represión de infracciones penales», advierte el informe.

Ana Abril, directora del Área de Desarrollo Social e Institucional de Cáritas España, explica que esta situación provoca «miedo e inseguridad entre la población inmigrante» «existe el riesgo de que dejen de ir a los colegios a recoger a sus hijos o no acudan a nuestros centros», pero también puede generar entre la población española «sentimientos de racismo y xenofobia». El documento hace más denuncias:

IRREGULARIDAD SOBREVENIDA. Cáritas advierte de la irregularidad sobrevenida (personas que tenían permiso de residencia y trabajo pero que no pueden renovarlo, fundamentalmente por el desempleo). Dice que, entre 2000 y 2006, llegó a haber un millón de personas sin papeles; que en 2007, con la entrada de rumanos y búlgaros en la UE, la cifra descendió hasta poco más de 300.000, y que ahora «la situación de irregularidad vuelve a crecer, estimándose en 483.492 personas en 2010». «Esto permite afirmar, al menos, que en época de crisis se estima que hay 100.000 personas más en situación de irregularidad, cuyo origen estaría fundamentalmente en la irregularidad sobrevenida». Cáritas atiende cada año a 400.000 inmigrantes. De ellos, unos 150.000 son sin papeles, más o menos un tercio del total de personas que se cree que están en situación irregular.

POCO RETORNO. Los inmigrantes atendidos por Cáritas retornan poco a sus países de origen. De los que regresan, el 40% lo hace por el programa del Gobierno y el 43% por sus propios medios.

EN PARO. El 60% está en paro y, de los que trabajan, la mayoría lo hace precariamente. Más de un 40% no tiene contrato. Más del 60% tiene dificultades en el pago de la vivienda. Pero no dan problemas: muy pocos viven en entornos donde hay malas relaciones de convivencia vecinal.

«REGRESIÓN». Cáritas ve «una clara regresión del discurso político» sobre la inmigración. «Se han suprimido algunos servicios y prestaciones entre 2008 y 2010», sostiene, sobre todo en Canarias, la Comunidad Valenciana, Galicia y Extremadura.