Con todos los matices que se quiera, la doctrina extraoficial de socialistas y populares respecto a la inmigración se asienta sobre las mismas bases: la prudencia y la discreción. En líneas generales, las direcciones del PP y del PSOE han coincidido durante años en que para preservar la convivencia era necesario soslayar ciertos problemas de seguridad y esquivar los inconvenientes derivados de la saturación de los servicios sociales. Sin embargo, y bajo la tutela espiritual de su alcaldable por Barcelona, Alberto Fernández, el PP catalán tuvo el «acierto» electoral de desviarse del discurso políticamente correcto de Génova para llegar hasta las tripas deun área metropolitana azotada por la crisis económica que veía silencio y desapego donde las fuerzas parlamentarias trataban de imponer (eso decían) prudencia y discreción.

Mientras el PSC, enredado con la bandera identitaria, mandaba callar a los alcaldes socialistas de municipios con un alto índice de población inmigrante que levantaban la voz para pedir coordinación, recursos y refuerzos policiales, los dirigentes locales del PP hablaban alto y claro —a veces demasiado claro— en los barrios deprimidos del entorno metropolitano. La apuesta era arriesgada y por más que el alcaldable por Badalona, Xavier García-Albiol, saque ahora pecho y exija una disculpa pública a quienes le denunciaron por un supuesto delito de incitación al odio contra los gitanos rumanos, el flamante ganador de encuestas seguro recordará que su jefa de filas, Alicia Sánchez-Camacho, pidió perdón por el polémico panfleto y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, insinuó algún tipo de sanción ante un comportamiento «muy poco afortunado». Obviamente, las elecciones autonómicas del 28-N lo cambiaron todo.

La última encuesta del CEO revela que el malestar social va en aumento. En la lucha por los escasos recursos en tiempos de crisis, la mayoría de los catalanes considera competencia a los inmigrantes y, en consecuencia, empieza a desarrollar mecanismos de prevención o de rechazo. Los que supieron escuchar se llevarán el gato al agua el 22 de mayo. El PSC tuvo la ocasión, pero hizo callar a sus alcaldes.