La Audiencia Provincial de Alicante suspendió ayer el juicio de los dos policías acusados de matar a un ciudadano nigeriano, debido a las dudas surgidas en torno a la identidad de la víctima escasos minutos después de que comenzara la vista.

Los hechos se remontan a junio de 2007, cuando el ciudadano nigeriano era deportado en un avión que despegaba desde Madrid con destino a Lagos (Nigeria). Ante la actitud violenta y la resistencia mostrada por la víctima, los agentes que lo custodiaban procedieron a inmovilizarlo utilizando cinta adhesiva, que colocaron alrededor de sus brazos y piernas, y tapándole la boca. El esfuerzo y la agitación del nigeriano y sus dificultades respiratorias debido a la mordaza, le provocaron una parada cardiorrespiratoria y la muerte, que se produjo sobrevolando Argel por lo que el comandante del avión no tuvo más remedio que dar la vuelta y aterrizar en el aeropuerto de El Altet.

Casi cuatro años después de los acontecimientos, los policías se enfrentan a una pena de tres años de prisión por homicidio con imprudencia grave y a tres años más de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión, así como a indemnizar con 180.000 euros a los herederos de la víctima.

No obstante, durante la vista celebrada ayer en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de la Ciudad de la Justicia de Elche, la letrada de uno de los acusados, María Ponte, planteó un informe presentado por el abogado del Estado en el que figuraba que el pasaporte de la víctima era «falso».

Además, la abogada alegó que la acusación particular ejercida por el hermano del nigeriano no acreditó el parentesco con la víctima, lo que invalidaría a esta parte personada.

Ponte agregó que tampoco se podría admitir la acusación popular debido a que «hace falta una querella, poder especial y una fianza» además de haber presentado dicha documentación con antelación, y destacó la «importancia» de resolver esta cuestión puesto que se trata de una indemnización de 180.000 euros y las costas.

Por este motivo, el presidente de la sala, José Madaria, suspendió la vista acordando con la sala realizar el proceso «con un orden lógico».

En primer lugar, explicó, «se citará a quien ha firmado los informes periciales de la Abogacía del Estado», posteriormente «la sala designará un perito y las partes tendrán diez días de plazo para designar a otro perito» y así finalmente «se tomará una decisión, según las pruebas periciales».

El abogado de la acusación particular, Pedro Víctor de Bernardo, solicitó que se practique una prueba de ADN al hermano de la víctima, Chester Aikpitanyi, para determinar la relación de parentesco, solicitud que se agregará como prueba pericial una vez resuelta la identidad del fallecido.

Asimismo, de Bernardo declaró que el hecho de que el pasaporte de la víctima fuera falso no significa obligatoriamente que su identidad no fuera la que aparecía en la documentación.

Respecto a la suspensión del juicio, el letrado de la acusación particular manifestó que le parece correcta la decisión del juez pues «a mi me interesa que el proceso no esté contaminado y sea totalmente transparente» ya que, según ha concretado, si el procedimiento está contaminado, «en el caso de que ganemos el juicio el Tribunal Supremo se lo carga».

La acusación particular eleva a cuatro los años de prisión para cada agente, y también insta a la inhabilitación de por vida para ejercer cargo público.