Catalunya tiene una política clara en materia de inmigración y, además, quiere que se note. Este es el mensaje que transmitió ayer el Govern al anunciar, después de su semanal reunión, quea partir de ahora considerará el conocimiento de la lengua catalana “requisito muy determinante” para certificar el esfuerzo de integración de los inmigrantes en sus expedientes de arraigo, reagrupación familiar y renovación del permiso de residencia. Se ha acabado el “buenismo” y la “disparidad de criterios” de la época del tripartito, avisó el portavoz, Francesc Homs, que entiende llegado el momento de “poner el acento en los deberes” y aplicar sin reservas una “política clara y diáfana”.

La definición por parte del equipo de Artur Mas de las líneas maestras de actuación en un terreno siempre delicado como el de la inmigración no es baladí. Llega justo el día después de conocerse la encuesta del Centre d´Estudis d´Opinió (CEO) que revela la percepción cada vez más negativa de los ciudadanos de Catalunya respecto a la inmigración – el 85,5% considera que hay demasiados inmigrantes-y que, en puertas de unas elecciones municipales, es munición para las formaciones racistas y xenófobas. El Govern, de hecho, hubiera preferido no tener que publicitar el sondeo – encargado todavía por el tripartito-hasta pasado el 22-M, justamente para no dejar el más mínimo resquicio a según qué fuerzas políticas, pero, ante la obligación legal de hacerlo, intenta, como mínimo, contrarrestar la dinámica: “La inmigración, o la tratamos las fuerzas centrales o, si no, la dejamos en bandeja a los partidos de los extremos”.

El movimiento del Govern, en este sentido, tampoco es ajeno a la decisión expresada el fin de semana por el PSC de, espoleado en su caso por el PP, endurecer su discurso en materia de inmigración y seguridad y dejar de lado precisamente el discurso “buenista”. Un movimiento, en cualquier caso, con el que el Gabinete de Artur Mas persigue dotar a la Generalitat de la política que entiende que no ha tenido en manos del tripartito, a partir de la aplicación de dos normas básicas: la ley de Acogida y el reglamento de la ley de Extranjería.

La ley de acogida, aprobada por PSC, ERC e ICV-EUiA, además de CiU, la pasada legislatura y que aún no ha sido desplegada, establece que los inmigrantes “deben alcanzar las competencias lingüísticas básicas en catalán”, que es el aspecto que ahora el Govern desea desarrollar al máximo, “hasta donde la propia ley nos permita”, en palabras de su portavoz. Un objetivo que ve factible por mucho que la ley de acogida haya sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo, justamente por el tema lingüístico.

El reglamento de la ley de extranjería – que todavía está en fase de negociación-concede, por su parte, a la Generalitat la facultad de certificar, en base a los informes de los ayuntamientos, el esfuerzo de integración de las personas extranjeras en los expedientes de arraigo, reagrupación familiar y renovación del permiso de residencia. Y es aquí donde el Govern quiere introducir, junto

a otros, el requisito de la lengua catalana, en un esquema que recuerda la idea que en su día hizo fortuna del llamado carnet por puntos. La puesta en práctica de la medida es voluntad que sea bastante inmediata, para lo que en los próximos días el departamento de Benestar Social i Família firmará un convenio con las entidades municipalistas – ACM yFMC-que concretará la colaboración entre las dos administraciones. Un planteamiento en el que el tripartito, para evitar que CiU se cuelgue medallas, reivindicó su liderazgo en el pacto nacional por la inmigración suscrito la pasada legislatura, y que ya prevé el requisito de la lengua catalana, y sobre el que el PP abogó porque la integración sea tanto en catalán como en castellano.

Pero la lengua catalana tuvo también ayer una de arena: el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha suspendido cautelarmente el reglamento de uso del catalán de la Diputación de Girona, como ya ocurrió con la Diputación de Lleida yel Ayuntamiento de Barcelona.