El Ejecutivo de Mas condicionará la renovación de los permisos de residencia y las peticiones de reagrupación familiar de los inmigrantes a los conocimientos de catalán que éstos acrediten. «El criterio principal y muy determinante para otorgar la certificación de arraigo será la cuestión lingüística», aseguró ayer el portavoz de la Generalitat, Quico Homs.

El Govern se reunirá en breve esta semana o la que viene con las principales entidades municipalistas de Cataluña para trasladarles las novedades en esta materia y diseñar una estrategia conjunta. La idea es que los ayuntamientos examinen a los inmigrantes de catalán y emitan los correspondientes títulos idiomáticos. Con esos informes municipales en la mano, la Generalitat expedirá los certificados que permitirán a los extranjeros renovar sus permisos o pedir la reagrupación familiar.

Homs admitió que para conceder estos certificados también valorarán otros factores, como que el solicitante tenga empleo, pero insistió en que el factor «determinante» será el lingüístico. El portavoz recordó que la reciente Ley de Acogida autonómica y la Ley de Extranjería española permiten a la Generalitat gestionar estos certificados.

La Generalitat impondrá estos criterios en política de inmigración pese a que la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, recurrió el pasado verano ante el Tribunal Constitucional la Ley de Acogida catalana por los artículos que hacen referencia a «la adquisición de las competencias básicas en lengua catalana» y a la prioridad del catalán sobre el castellano en el servicio de primera acogida.

Aval del Gobierno

La interposición del recurso no conlleva la suspensión de la aplicación de la Ley, por lo que ésta sigue vigente y el Govern, decidido a aplicarla. Además, el Reglamento de Ley de Extranjería que ultima el Gobierno central vendría a avalar los planes de la Generalitat. El borrador de reglamento establece que «se valorará» el denominado «esfuerzo de integración» del extranjero «teniendo en consideración el informe positivo de la comunidad autónoma de su lugar de residencia».

Ese informe tendrá como «contenido mínimo» la certificación de «la participación del extranjero en acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España y los de la UE, así como los valores consagrados en el Estatuto de la comunidad autónoma en la que resida».

El texto añade que también se tendrá «en especial consideración» la «formación en materia de derechos humanos, libertades públicas, democracia, tolerancia e igualdad entre mujeres y hombres, así como la relativa al conocimiento de las lenguas oficiales y la orientada al empleo».