El caso de Marco se ha encontrado con muchas trabas burocráticas, y no es el único. La Policía, tras detenerle, pidió su internamiento en el CIE y su expulsión porque no había demostrado arraigo en España ni que se ganara la vida legalmente. Es cierto que le detuvieron una vez hace tres años, pero su caso sigue abierto y Marco tiene parientes españoles, incluidos sus hijos y hermanos, y trabaja con su familia. La Delegación del Gobierno también pidió su expulsión. El juzgado de lo Contencioso negó, casi sin razonarlo, las medidas cautelarísimas pedidas por su letrada para que no le echaran, también por «falta de arraigo». Tras 27 días en el CIE, el juez de instrucción le ha liberado por quedar probado el arraigo, pero queda la batalla con Delegación de Gobierno para cambiar la expulsión por una multa y regularizarle, como al resto de su familia, y esa batalla también hay que ganarla en el Contencioso. Sería imposible hacerlo si su abogada no se preocupara por el caso.