El PSC concluyó ayer la V Convención Municipal, marcada por el distanciamiento entre José Montilla y Jordi Hereu, con una apuesta decidida por endurecer su discurso en materia de inmigración y seguridad. Cansados de que desde algunos sectores se les haya tachado de “buenistas”, y en un intento de frenar un trasvase de votos tradicionalmente socialistas a las filas conservadoras en localidades con problemas de convivencia – y Badalona es el paradigma-,el PSC ofreció ayer su particular respuesta “social” a ese delicado cóctel compuesto por el trinomio crisis económica, inmigración e inseguridad.

Una solución, pensando en las elecciones del 22 de mayo, que, según el PSC, pasa por impulsar la elaboración de una ley catalana del espacio público, inspirada en la ordenanza cívica de Barcelona, que refuerce la autoridad de los municipios y dote a los alcaldes de “suficientes instrumentos jurídicos para combatir los comportamientos incívicos y la sobreocupación de las viviendas”.

Asimismo, en un decálogo firmado por los más de 1.000 participantes en el cónclave municipal, los socialistas abogan por un pacto de seguridad en Catalunya donde haya “una acción integrada” de todas las administraciones, con los alcaldes con mayor capacidad de mando, y un aumento significativo de la presencia de Mossos d´Esquadra en las calles catalanas hasta alcanzar la cifra de 18.000 agentes en el 2015 . Otra de las reclamaciones que el PSC desarrollará a lo largo de la campaña es que los informes municipales “sean determinantes” en la regulación de la inmigración llegada a Catalunya. Una medida que ha venido reclamando el PP catalán de Alicia Sánchez-Camacho desde hace meses

Unos conceptos y un discurso con el que se había sentido tradicionalmente más cómoda la derecha, pero que el socialismo catalán abraza ahora, con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina y cuando muchos alcaldes socialistas temen que el 22-M se repita, e incluso se multiplique, el resultado de CiU en las catalanas. “Debemos defender un espacio público con derechos y deberes iguales para todos”, declaró ayer el alcalde de Lleida, Àngel Ros, cuyas posiciones en materia de integración – es un claro defensor de la prohibición del burka-hace tiempo que avanzan por la senda aprobada ayer por la convención socialista.

Un endurecimiento en materia de seguridad e inmigración que la dirección socialista cree que puede ser el mejor “antídoto contra el populismo del PP”, que, sin embargo, se reserva algunos matices “sociales”. Así en el texto final de la convención también se recoge la reclamación de un pacto catalán de la integración, además de una cerrada defensa de la ley de barrios, y el compromiso del PSC de luchar “contra los discursos demagógicos y racistas que buscan la fractura social”.

El decálogo municipal del PSC además hace especial hincapié en la lucha contra la crisis y “los recortes sociales” del Gobierno de Artur Mas. En este sentido, pide la Generalitat “que sea consciente del papel de las administraciones locales en la lucha contra la crisis y la prestación de servicios básicos”. Una reclamación que reforzó con su intervención el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, quien lamentó que la Generalitat hoy tenga unos consellers que “parecen más contables que políticos”. “Ya me han venido varios con una libretita (de recortes) para hacer de contable – se quejó Hereu-,cuando yo pensaba que teníamos el Govern de los mejores”. Yen este sentido, en su defensa de las finanzas municipales, los socialistas buscarán mantener las aportaciones del Fondo de Cooperación Local de Catalunya, así como mejorar la financiación de los pequeños municipios, además de insistir en la necesidad de una ley de financiación local en la que se concrete la participación de los municipios en los tributos del Govern.