El primer caso de ‘mobbing’ inmobiliario en el País Vasco ha dejado secuelas duraderas en Getxo. Casi siete años después, la principal familia afectada vive todavía fuera de su hogar, la algorteña Casa Tangora, por el mal estado en que se encuentra a causa de las filtraciones de agua provocadas a posta por sus vecinos del piso de arriba. Allí, en una comunidad de tres alturas, vivió trece meses una familia de etnia gitana de 30 miembros. Pagaba un euro al mes a cambio de intentar echar de su casa a los vecinos de abajo.

Los problemas que sufrieron estas personas, un matrimonio con un hijo de 10 años de edad, empezaron en julio de 2003 y acabaron en agosto de 2004. Entonces la Audiencia Provincial admitió la existencia de «actos de hostigación» realizados por la familia de etnia gitana, que se llevaron a cabo previo acuerdo con el administrador de Haizea S.L. En el procedimiento penal, el juez condenó a un año y nueve meses de prisión al hostelero Juan José Rementeria y al matrimonio de etnia gitana formado por Rafael Bargela y Dolores Escudero.

El tribunal reconoció que hubo «provocación de filtraciones» con el fin de que los propietarios de las viviendas «las vendiesen». Aunque aquellos episodios son agua pasada, los daños materiales aún persisten. Por eso la familia, por mucho que la Audiencia Provincial haya denegado una indemnización a la comunidad vecinal, espera una compensación para reformar la casa.

Para julio está prevista la celebración de un juicio oral en el que el juez escuchará a las dos partes. Los damnificados «tienen interpuesta una reclamación por daños y perjuicios en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Bilbao», según su abogado, Ignacio Ímaz.

La defensa solicitó un análisis de los desperfectos y el arquitecto concluyó que «las filtraciones debieron de ser de mucha intensidad y de forma continuada». A su juicio, el caudal de agua vertido sobre el dúplex «es la causa directa de los daños materiales y estructurales existentes actualmente».

El informe añade que la gravedad fue tal que ha causado «ruina» en varios forjados de madera. En estos momentos están en peligro de colapso tres zonas «que han sido apuntaladas». Dañados hay también techos y armarios, es necesario renovar la instalación eléctrica y reparar «las verjas del jardín», según apunta el experto.

Hacerles la vida imposible

Ímaz recuerda que, para sus clientes, resultó complicado vivir allí con unos inquilinos «dispuestos» a hacerles la vida imposible. «Era un permanente acoso. Se trataba de inundar y decir que era problema de las tuberías, que estaban viejas. Pero la Policía descubrió un agujero por el que filtraban el agua y lo tapaban con una esponja. En el baño tenían un palmo de agua», relata.

Además, estas personas sufrieron insultos y les arrojaron desechos al jardín. También le rayaron los dos coches. Tuvieron que tomar ansiolíticos para aguantar «la angustia permanente». La situación incluyó el robo de otro piso. Según declaró la propietaria al juez, «se llevaron numerosos y valiosos efectos». Ahora el abogado defensor asegura que «los desperfectos son evidentes y estas personas han sido condenadas por un daño contra la integridad moral. Por eso mis clientes confían en la Justicia y en que les concedan la compensación que les corresponde».