Las sospechas sobre cobros irregulares de ayudas sociales no dejan de crecer. El Ayuntamiento de Bilbao ha visto cómo las cifras se disparan desde que hace tres años puso en marcha el Negociado de Control e Inspección. En 2008 recibió 225 denuncias, en 2009 fueron 942 y el año pasado se duplicaron, hasta llegar a 1.865. El concejal de Acción Social, Ricardo Barkala, no cree que haya más fraude que antes, sino que la sociedad desde los propios servicios sociales hasta los ciudadanos de a pie está alerta para sacarlos a la luz. Las triquiñuelas de «una minoría» para vivir de las arcas públicas «duelen más aún en tiempos de crisis y penurias», cuando la lucha contra la exclusión se hace especialmente necesaria.
Es un terreno sensible en el que conviene «relativizar los números». En Bilbao hay 16.990 familias que cobran la renta de garantía de ingresos. Alrededor de la cuarta parte son pensionistas. La prestación complementaria para pagar el alquiler llegó el año pasado a 4.440 hogares y otros 3.984 cobraron ayudas de emergencia para atender necesidades básicas. Este es el telón de fondo sobre el que se encienden focos de sospecha, con sombras que a veces se difuminan y se extienden al conjunto del sistema. «La gran mayoría de los beneficiarios necesitan las ayudas y se las merecen», insiste el edil.
El Negociado de Control e Inspección recibe información por distintas vías. La principal son los servicios sociales, bien a través del propio negociado, donde actualmente trabajan diez personas, o de las bases repartidas por la ciudad. Datos que no encajan, ausencias… 1.230 denuncias, el 65% de las recogidas en 2010, llegaron desde Acción Social y 151 de otras áreas municipales, sobre todo de la Policía y el padrón. Hace tiempo que agentes de la guardia urbana refuerzan la lucha contra el fraude, y las falsas inscripciones en el censo delatan a muchos infractores.
Relatos muy detallados
Las denuncias externas también resultan «de gran utilidad» para los responsables municipales. Se recibieron 392 testimonios a través del Registro, el correo electrónico (control.inspeccion@ayto.bilbao.net) o el teléfono 944 203 525. Lejos de las quejas genéricas que se escuchan en la calle, los comunicantes están muy bien informados y se extienden en detalles sobre el nivel de vida del presunto infractor. Son personas cercanas, compatriotas, probablemente hartas de la mala imagen que daña al conjunto del colectivo. Casi el 80% de las personas denunciadas, siempre según los datos del año pasado, son inmigrantes . Destacan dos grandes grupos, procedentes de Sudamérica (715) y África (665).
Los denunciantes no siempre tienen razón, aunque en general no van descaminados. En el 24% de los casos investigados todavía no se han completado todos los expedientes de 2010 no se ha detectado ninguna irregularidad. En el resto hay una casuística variada que a veces combina distintos factores. «Cada vez vamos afinando más», asegura Barkala. El engaño más repetido es el empadronamiento falso, únicamente a efectos de cobrar las ayudas, o dejar de inscribir a algunos de los ocupantes de la vivienda para que no se contabilicen sus ingresos. Le siguen la economía sumergida y el uso inadecuado de las prestaciones. También encontraron 875 casos en los que se concentraban más de dos rentas de garantía en un mismo domicilio, algo que está prohibido a partir de este año.
El balance de 2010 arroja resultados elocuentes: 489 peticiones a la Diputación de que suspenda cautelarmente la renta de garantía de ingresos, 74 rebajas de la cuantía y 407 solicitudes de baja en el padrón, entre otras actuaciones. Un centenar de personas perderá el subsidio que le otorgaban para pagar el alquiler. Se calcula que el dinero defraudado rondaría los 350.000 euros al mes, y nadie se hace demasiadas ilusiones de recuperarlo. Se han puesto en marcha 87 procedimientos de cobros indebidos, en los que hay que acreditar desde cuándo se produce el engaño, pero a los infractores a menudo se les pierde la pista o se declaran insolventes.
El equipo de control trabaja en coordinación con la Unidad Técnica de Inclusión Social, creada en enero de 2009. El objetivo es que los perceptores de ayudas, especialmente los jóvenes, se impliquen de forma activa en la formación y la búsqueda de empleo. Incumplir este compromiso también es motivo de suspensión de las prestaciones y el año pasado se retiraron 143. En Bilbao hay cerca de un millar de convenios activos, con un seguimiento trimestral. El 40% de los usuarios logra la inserción laboral y el 44% entra en programas de formación. «Es un anticipo de lo que tiene que ser la gestión de las ayudas en el futuro», concluye Barkala.