El fiscal ha pedido cinco años de prisión para cada una de las cinco personas, entre ellas una abogada y su esposo, que serán juzgadas entre hoy y mañana en la Audiencia Provincial acusadas de integrar una red que ofrecía contratos de trabajo inexistentes a inmigrantes . Por esas prácticas habrían recibido 71.700 euros.

Las conclusiones provisionales del Ministerio Público indican que los acusados Remigio P.R. y José Fernando L.F., «con la intención de beneficiarse ilícitamente de ciudadanos extranjeros», crearon la empresa ‘Páramo Lorente S.L.’, en junio de 2006, fijando el domicilio social en Orihuela (Alicante).

También constituyeron la firma ‘Carisa Primer Empleo, Empresa de Trabajo Temporal S.L.’, «dedicadas ambas a la cesión de mano de obra, fundamentalmente extranjera, a terceras empresas del sector agrícola, actuando como verdaderas empresas de trabajo temporal, para lo que no estaban autorizadas».

Así, añade el fiscal, durante 2007 Remigio P.R. y José Fernando L.F. «realizaron una amplia labor de captación de extranjeros, principalmente ecuatorianos, a los que, a sabiendas de la precaria situación económica en que se encontraban en su país y el extraordinario esfuerzo que para ellos suponía recaudar el dinero que les pedían, les ofertaban traerlos a España y contratarlos».

Para estas actividades, Remigio P.R. contó con la colaboración de Juan Pedro P.R., hermano suyo.

Tras contactar con los extranjeros, los remitían a la abogada Cristina S.R. y a su esposo, Luis Mariano H.A., quienes se ocupaban, según el fiscal, de tramitarles la documentación necesaria para presentarla en Extranjería, «sabiendo en todo momento ella, por su condición de profesional del Derecho, que las solicitudes no podían ser aprobadas».

Añade que Cristina S.R. presentó 321 solicitudes, «a sabiendas de que estas entidades no poseían estructura empresarial suficiente para hacerse cargo de tan elevado número de trabajadores y, así, efectivamente, la Administración denegó las primeras 69 en octubre de 2007». Las restantes 276 «no cumplían con los requisitos necesarios para su admisión, por lo que fueron devueltas a la acusada». El fiscal considera los hechos como una estafa continuada.