La crisis económica, con el retorno a sus países de unos 15.000 ciudadanos extranjeros no comunitarios, ha sido determinante en que se reduzca a mínimos históricos el contrato ilegal de los trabajadores no españoles. La estadística oficial de la Inspección de Trabajo pone de relieve que el empleo de extranjeros aflorado hasta septiembre del 2010 fue de sólo 175 casos, una cifra muy inferior a los 292 de todo el año 2009 y muy por debajo de los 580 trabajos irregulares descubiertos por Trabajo en el año 2008, apenas iniciada la crisis.

En realidad, los inspectores, que afloraron en nueve meses en la provincia 4.903 empleos irregulares de trabajadores españoles, sólo detectaron el pasado año una infracción por cada ocho visitas que realizaron en materia de extranjería, cuando en todo el año 2008 el porcentaje se situó en una multa por cada tres actuaciones.

Varios son los motivos para una caída tan notable en la localización de empleo clandestino en el colectivo inmigrantes. Pero los sindicatos mayoritarios apuntan a una: la crisis. El responsable de Comunicación de CC OO en l’Alacantí, Salvador Roig, asegura que «Alicante ya no es un territorio que dé oportunidades para trabajar, bien en la economía formal o en la informal, por lo tanto hay miles de personas que han decidido volver a su país de origen».

En efecto, un reciente estudio de la UA, coordinado por el profesor Carlos Gómez Gil, revela que han podido retornar a sus países unos 15.000 extranjeros residentes en la provincia en los últimos años al calor del ‘boom’ del ladrillo. Además, analiza que muchos parados de larga duración españoles que hasta ahora rechazaban determinados empleos ya no lo hacen y aceptan un puesto en detrimento de los extranjeros.

«Es una cuestión entre oferta y demanda», subraya Roig, el cual también destaca la reducción de las campañas de inspección en la agricultura. Pero alerta de la situación «complicada» para muchos extranjeros, tal y como revela el informe de Cáritas.

Desde UGT, su secretario general Óscar Llopis cree que a eliminación del mercado laboral de explotadores que utilizan a los trabajadores no comunitarios, en condiciones degradantes e inaceptables en un Estado de Derecho, ha de ser una prioridad compartida por el conjunto de la sociedad, los interlocutores sociales y el Gobierno.

Considera que, aunque se haya reducido el empleo ilegal de extranjeros descubierto el pasado año, hay muchos focos de marginalidad en la provincia.