No aparecen en las listas de ninguna embajada. No existen. Miles de trabajadores africanos esperan en el puerto de Bengasi que alguno de los barcos que llegan estos días les traslade a un lugar seguro. Muchos no tienen papeles y llegaron a Libia aprovechando la política de puertas abiertas de Muamar Gadafi en los noventa. Otros como el nigeriano Okoye Obikuwu tienen todo en regla, pero no les ha servido de nada. «Llevo más de un año trabajando noche y día, me han explotado como a un animal y ahora me dejan aquí tirado. Por favor, que alguien nos ayude», suplica este joven al que la revolución ha dejado con lo puesto. Una camiseta del Chelsea y el buzo de trabajo es todo lo que posee. «Mi jefe me avisó que saliera de casa de forma urgente y no me dio tiempo de coger nada. Lo he perdido todo, hasta los ahorros de todo un año», lamenta.

Después de más de una semana, la comunidad internacional parece dispuesta a pasar a la acción. Francia anunció el envío de dos aviones con ayuda humanitaria, «doctores, médicos y enfermeras» a la nueva capital liberada que podrían aterrizar «en las próximas horas», según adelantó el primer ministro galo, François Fillon. El titular de Exteriores australiano, Kevin Rudd, se unió a la nueva ofensiva internacional anti Gadafi y fue rotundo a la hora de pedir la declaración de zona de exclusión aérea para evitar «un nuevo Gernika», cuando los bombarderos de la Alemania de Hitler arrasaron la localidad en 1937 matando a miles de civiles.

Trato discriminatorio

Las grandes decisiones de la Unión Europea y Naciones Unidas empiezan a tomar cuerpo mientras Human Rights Watch denuncia en Libia lo que considera un trato discriminatorio hacia ciudadanos africanos a la hora de organizar las repatriaciones para salir del país. Unas 5.000 personas están abandonando cada día el país magrebí por el puerto de la ciudad de Bengasi, pero «en los barcos no aceptan a africanos porque temen que pidan asilo en los países de destino», asegura Paul Burkhart, miembro del organismo humanitario internacional. «Se trata de una política discriminatoria hacia los africanos, ya que sí aceptan repatriar a ciudadanos asiáticos o de Oriente Próximo».

La denuncia de HRW se percibe nada más poner un pie en el puerto. Viven en barracones, hombres y mujeres separados, reciben dos comidas al día gracias al trabajo de cincuenta voluntarios de la nueva junta nacional que intenta llenar el vacío de poder dejado por el tambaleante régimen, y de dos médicos procedentes de Egipto, el país que de momento más está colaborando.

«¿Dónde están la ONU, los europeos, las ONG? Tenemos hambre, frío y mucho miedo a que nos confundan con sicarios de Gadafi si volvemos a la calle. El puerto es nuestra cárcel al aire libre», comenta Alex, ingeniero de Eritrea que trata de liderar la organización de los suyos en este caos al que cada día siguen llegando compatriotas. Abdelhamid es uno de los voluntarios libios que trata de ayudar a esta gente sin salida, pero lamenta que «debido a la falta de medios poco podemos hacer por ellos».

Betilim, peluquera somalí de 19 años, mira hacia el mar esperando que llegue un barco en el que huir. Ni soñar con la llegada de un avión. Su preocupación es sobrevivir al día y protegerse de posibles agresiones sexuales en su barracón del puerto.