LA llegada masiva de refugiados tunecinos (hace unas semanas) y ahora de ciudadanos libios que huyen de la represión abierta en los estertores del régimen dictatorial de Gadafi ha reabierto el debate sobre la inmigración ilegal y su control en la Unión Europea. Y es Italia, con su primer ministro a la cabeza, quien más ha reclamado mano dura y control férreo de las fronteras, a modo de murallas infranqueables. Es lamentable priorizar el establecimiento de mecanismos de control ante la huida incontrolada de ciudadanos libios que huyen para salvar sus vidas frente a la adopción de medidas que frenen el brutal, bárbaro e ilegal ataque militar contra la población civil libia.

Asistimos al fin de era del berlusconismo en Italia. Este hombre ha logrado reunir en sus manos todo el poder político, económico y mediático, pero no parece querer aceptar fácilmente las reglas básicas del funcionamiento de la Unión Europea. Su voraz sentido de la propiedad, que confunde los planos de lo privado y de lo público, le ha llevado a emplear técnicas basadas en el cuestionamiento permanente de la legalidad, en una estrategia de confrontación, y, en definitiva, el recurso a la descalificación permanente del adversario político.

Una y otra estrategia parecen olvidar los riesgos que conllevan esas actitudes poco democráticas. Suponen, en el fondo, una deslegitimación del Estado de Derecho. Pero esta consecuencia preocupa poco al empresario-político que representa Berlusconi. Y prueba de ello es el ataque frontal a los principios más esenciales de la dignidad humana. ¿Cómo puede ser considerado como delincuente una persona por el mero hecho de atravesar una frontera buscando salvar su vida, o simplemente en busca de un mejor futuro? ¿Cómo puede pretender extender esa calificación incluso a los ciudadanos comunitarios (en realidad piensa en búlgaros y rumanos y en particular en los nacionales de etnia gitana de ambos Estados europeos)?

¿Para cuándo una UE fuerte y coordinada en materia de inmigración? Coincido en la necesidad de controlar los procesos migratorios, en ordenar la entrada para evitar indeseables consecuencias que terminan en una espiral racista y xenófoba, pero, ¿no hay mejor manera que la de condenar ex ante, de antemano, al inmigrante tan solo por tratar de salir de la miseria o por evitar, como en Libia, ser masacrado por el sátrapa de Gadafi?

Con frecuencia hablamos de tolerancia, de diálogo intercultural, y sin embargo se levantan por todas partes del mundo nuevos muros, murallas que separan más de lo que supuestamente protegen.

La entrada de inmigrantes sin control (no quisiera hablar de ilegales, no es un adjetivo que merezcan personas que buscan sin más subsistir) perjudica al conjunto de extranjeros en su consideración social y en sus oportunidades de trabajo. Ellos son los primeros perjudicados, al ser explotados por mafias, trasladados con graves riesgos para sus vidas, y con dificultades infranqueables para su plena regularización administrativa. El segundo debate, el de la integración social de los inmigrantes, es incluso más complejo que el del control: no hay recetas mágicas, y ninguna tiene garantizado su éxito. Basta comprobar que ni el modelo francés, de asimilación (más generoso en conceder la nacionalidad pero que defiende una mayor uniformidad cultural, como se aprecia por ejemplo en la prohibición del velo islámico), ni el modelo inglés, más tolerante con las diferencias, y multicultural han permitido impedir que el problema se manifieste y altere gravemente la vida ciudadana en ambos Estados. Los inmigrantes deben respetar las leyes del Estado que les acoge, cumplirlas como ciudadanos: se integran en un Estado y en una sociedad que tiene sus reglas escritas y no escritas. Y los anfitriones debemos cumplir como obligación básica con el respeto a la diferencia. Sólo si logramos conciliar ambos extremos (cumplimento de la ley y de las reglas sociales básicas imperantes, y respeto por nuestra parte a la condición de ciudadano civil y social del extranjero) podremos avanzar en la dirección correcta.