Fiscalía pide sendas penas de 3 años de prisión y multa de seis meses a 5 euros el día (con arresto sustitutorio en caso de impago) a dos personas a las que acusa de explotación ilegal de seis trabajadores inmigrantes , a los que presuntamente tenían sin contrato y con horarios leoninos, trabajando en una lonja de embotado de banderillas de encurtidos, en un municipio del entorno de Logroño.
El Juzgado de Instrucción Número 2 acoge hoy la vista oral por estas causas, acaecidas entre febrero y abril de 2003, y tipificadas como un delito contra los derechos de los trabajadores, según el escrito de acusación. Tal y como reza dicho escrito, en febrero de 2003, J. C. B. I., gerente de una empresa riojana, contrató a S. M. como auxiliar para realizar el embotado de banderillas de encurtidos, una tarea para la que «ésta debía reclutar a otras personas que le ayudasen».
Los hechos por los que ahora se acusa a ambos tienen por origen una investigación de la Guardia Civil, que el 1 de abril de 2003 se personó junto a funcionarios de Inspección de Trabajo en la nave, donde comprobaron que «se encontraban personas trabajando sin contrato y sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, carenciendo algunas de ellas de permiso de trabajo». Las seis presuntas víctimas eran tres rumanas, una brasileña, una búlgara y una ucraniana; y sólo una en situación legal en España. Fiscalía señala que «algunas de ellas trabajaban de 8 de la mañana a 8 de la tarde en un local sin los servicios mínimos higiénico-sanitarios».
Juicio por tráfico de drogas
Por otro lado, el Juzgado de Instrucción Número 3 de Logroño acoge hoy la vista oral contra E. M. J., a quien se le acusa de un delito de tráfico de drogas, tras intervenirle la Policía Nacional en agosto de 2008 un total de 136 plantas de marihuana, que cultivaba en una nave industrial del Polígono Cantabria, según reza el escrito de Fiscalía.
La cantidad de estupefaciente intervenida sólo ascendió a los 2,24 gramos (con un valor de 7,30 euros en el mercado), debido a que las plantas estaban en el inicio del cultivo, con sólo «raíces y parte de tallos». Por ello, Fiscalía entiende que éstas «estaban dispuestas por el acusado para el cultivo a nivel industrial». Por estos hechos, el Ministerio Público pide un año y seis meses de prisión, y multa de 14 euros, además de las costas.