El correo electrónico de la Secretaría de Estado de Seguridad es un rugir de pobres pidiendo justicia. Ayer por la noche, 1.827 e-mails. El equipo del jefe, Antonio Camacho, ya no sabe qué hacer con tanta carta incómoda que recuerda una promesa incumplida. Atentamente, hay 20 indios en el limbo.

Si siguieran en la miseria de sus poblados no serían carne del Ministerio del Interior español. Pero llevan casi cuatro años entre la intemperie del Monte del Renegado y el futuro movedizo del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (Ceti) de Ceuta, más de 1.000 días sin ser expulsados ni admitidos, todas las noches del mundo temiendo su deportación y algunas oyendo promesas para pasar a la Península, esa tierra presuntamente firme donde podrían ser empadronados, aceptar las ofertas de trabajo que tienen y ser tan legales como los que les miran.

Son 20, los últimos 20. Forman parte de los 54 indios que salieron de su país en 2003 para vivir algo parecido a una vida y pasaron años de travesía por África al pairo de las mafias y el desierto. Llegaron a España más pobres de lo que fueron y, visto lo visto, se echaron al monte.

El año pasado, Interior pidió a las organizaciones de defensa de los derechos humanos un tiempo de tregua en sus reivindicaciones. A cambio, dijo que trasladaría a los indios a la Península. La Policía hizo tres grupos y dejó a 34 de ellos en diversas partes de España, donde hoy se buscan los garbanzos que sus familias llevan siete años esperando.

Pero en abril el viaje se acabó y 20 se quedaron allí, con el Estrecho tan ancho en medio. Y regresaron al monte para volver a saberse nadie.

No les pueden repatriar porque no tienen documentación, llevan más de tres años aquí, tienen ofertas de trabajo y se han convertido en un colectivo de «especial vulnerabilidad», como dice la ley. Hace meses, el Ceti les ofreció pasar a la Península en cupos de vulnerabilidad (embarazadas e inmigrantes que llevan más de tres años en Ceuta) si dejaban el monte y volvían al Centro. Aceptaron. Sin embargo, el 19 de enero, Interior y la Embajada india se presentaron en el Ceti. «Si les identifican como ciudadanos indios, serán trasladados a un Centro de Internamiento de Extranjeros a la espera de un avión a Nueva Delhi. Tras cuatro años esperando pasar a la Península, ahora, teniendo las condiciones para ser regularizados, pueden deportarles. Imagínese cómo están». Habla Iván Carmona, uno de los brazos de la Asociación Elin, colectivo español pendiente de los sin patria. «Han sobrepasado escandalosamente el tiempo razonable de estancia en un Ceti. Son amables y generosos, se han integrado en la cultura española y aprendido nuestro idioma y se han ganado el cariño de los ceutíes, muchos de los cuales les ofrecen empleo. Pero Ceuta no empadrona irregulares, por lo que son inmigrantes con menos derechos que otros».

Con esta historia detrás, Elin y otras 10 organizaciones han tenido otra idea. Si hubo una promesa de Península, una posibilidad de salvación legal, y ahora un olor a deportación, ¿por qué no dejar una queja en el buzón de quien manda?

Los 11 colectivos han dirigido una carta a Camacho en la que expresan su preocupación por los indios, le citan su «promesa no cumplida» y le piden que suspenda la expulsión y «conceda sin más tardanzas» su regularización y su paso a la Península «para que puedan aceptar las ofertas de trabajo que ya tienen». «Estar en España cumpliendo el tiempo que la ley señala, sin poder empadronarse, ni poder llevar a cabo un arraigo como cualquier extranjero, es estar en situación vulnerable».

Pero la misiva quiere ser folio de abajo a arriba, letra del pueblo. Elin y alrededores han colgado la carta en la web actuable.es para que cualquier ciudadano que crea en esa tropa de parias pacientes firme la petición con nombre, apellidos y código postal, una carta que sale de muchos sitios y llega por e-mail a un despacho con poder.

Lo que no sabía Interior es que ese buenismo de ONG le iba a invadir el correo.