:: JOSÉ IBARROLA

Cáritas – Diócesis de Cartagena tiene ya una dilatada experiencia de trabajo en el campo de las migraciones y en fidelidad a nuestra opción preferencial y evangélica por los últimos y no atendidos. Hemos manifestado siempre, junto a nuestros hermanos de la Confederación de Cáritas Española, nuestra preocupación ante el proceso de reforma de la Ley de Extranjería (LOEX) y los riesgos que ese proyecto legislativo entraña para el adecuado reconocimiento de los derechos y libertades de los extranjeros en España. Ahora, la manifestamos con la redacción del borrador del reglamento que desarrolla la LOEX.

Reafirmamos nuestra defensa del derecho a migrar y del derecho a no migrar, porque nuestra opción a favor del acceso universal a todos los bienes significa avanzar en un modelo de crecimiento basado en el principio de que, «si no es de toda la persona y de todas las personas, no es verdadero desarrollo» (Populorum Progressio, Pablo VI).

Nos preocupa el desarrollo de una legislación que nos afecta a todos y que difumina una memoria reciente en la que tantos de nosotros también fuimos extranjeros. Ahora, ante la escasez de yacimientos de empleo en España, de nuevo se abre brecha en la juventud española la necesidad de ser migrantes. Se pone en riesgo el futuro de inclusión que perseguimos, que puede limitar seriamente los derechos fundamentales de los migrantes y puede suponer un retroceso en la construcción de un verdadero espacio de libertad, justicia y convivencia.

Que ante la gravedad de la situación económica, se está produciendo un endurecimiento del discurso político en el que el migrante en general y el migrante en situación irregular en particular, son presentados como causantes de la misma y como elementos prescindibles hasta que vengan tiempos mejores. Por otra parte, se está lanzando un mensaje muy peligroso para la convivencia y la integración social de todos con todos, en el que se induce a asociar inmigración con delito.

Que se realicen controles de identificación selectivos en orden a rasgos étnicos, religiosos o raciales. Que se mantengan los centros de internamiento para ingreso de personas inmigrantes , en la mayoría de los casos, por infracciones administrativas. Por otra parte, siguen existiendo dificultades administrativas a la hora de reagrupaciones familiares y arraigos, siendo el arraigo prácticamente el único procedimiento que hay en la actualidad para que los inmigrantes que están empadronados en España puedan obtener el permiso de residencia.

Agradecemos, en este sentido, las palabras especialmente oportunas de Benedicto XVI en su última encíclica cuando, tras recordar que «estos trabajadores no pueden ser considerados como una mercancía o mera fuerza laboral», afirma que «todo emigrante es una persona que posee derechos fundamentales inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier situación» (Caritas in Veritate nº 62).

No compartimos un modelo de sociedad que discrimine entre ciudadanos de primera y de segunda o que suponga abrir un paréntesis en los valores democráticos de acogida y generosidad.

Nos reafirmamos en uno de los principios evangélicos que inspira la acción en la gratuidad de Cáritas: ‘Fui extranjero y me acogisteis’.

Apostamos por un reglamento cuyo contenido fomente el proceso de diálogo y consenso social sobre el hecho migratorio, en el que hemos participado de manera activa, en los últimos años, para garantizar los derechos de los inmigrantes y configurar una alternativa ante Europa de política migratoria justa y generosa.

Proponemos retomar la necesidad de un consenso social que pueda dar lugar a un pacto de Estado sobre el hecho migratorio, asentando las bases para un nuevo modelo de sociedad abierta a los valores de la diversidad, la solidaridad, la participación y la integración en los planos nacional, autonómico y local.

Asegurar el acceso a los derechos sociales básicos para todas las personas que viven entre nosotros, utilizando el padrón continuo para conocer con seguridad la residencia de los beneficiarios.

Identificar los problemas que están en la base: la falta de vivienda, la dificultad para acceder a ella y, como consecuencia, el hacinamiento; la falta de articulación entre las políticas locales, autonómicas y nacionales, aumentando la inversión social, y las políticas adecuadas para el acceso a derechos básicos en todos los niveles, pero especialmente en aquellos más cercanos a las personas.

Abordar los retos y desafíos de la inmigración que implica ir más allá de las políticas de extranjería. Implica desarrollar políticas de integración, animando a nuestro gobernantes a liderar un modelo de sociedad española inclusiva e integradora.

Todo lo manifestado encierra una verdad que ninguno podemos olvidar. Cada uno de los inmigrantes encierra unas aspiraciones, unas ilusiones que le hacen dejar su familia, tierra, tradiciones… con la esperanza de una vida con presente y con futuro.

Cada persona inmigrante tiene derecho, como todo ser humano, a vivir su vida en condiciones dignas como cualquiera de nosotros queremos vivirla.