Anna Terrón, secretaria de Estado de Inmigración, anunciaba en la conferencia inaugural de los cursos de verano sobre inmigración en El Escorial, que se iban a incluir en el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería medidas para evitar la irregularidad sobrevenida (situación que se presenta a trabajadoras y trabajadores extracomunitarios que están regularizados y pierden el trabajo o no cotizan lo suficiente a la Seguridad Social de acuerdo con su permiso de trabajo).

Pues no, lo ha dejado tal cual, con la posibilidad ya anunciada de la agrupación de su posible pareja si reunía las condiciones previstas. Casi un millón de personas que no disponen de la tarjeta de larga duración son presas de este injusto olvido, o mala fe, para presionar a trabajadoras extracomunitarias a que vuelvan a sus casas, de ellas son 15.000 las afectadas en nuestra comunidad. Teniendo en cuenta que la cifra de paro de la población inmigrante es del 29,7%, así como el altísimo porcentaje de contratos eventuales, que ronda el 44,% 6, de acuerdo con el informe de Inmigración y Trabajo 2010 de Miguel Pajares, y que además no se ve la salida a la crisis en la que estamos inmersos, el futuro para este gran colectivo desde luego no es nada esperanzador.

Modificar su situación no es fácil. Sólo desde una actitud diferente, con valores de solidaridad e igualdad, de reparto de trabajo y riquezas, se puede poner los cimientos para una solución.

Según la Organización de las Naciones Unidas, de los más de 6.000 millones de habitantes del planeta, 4.000 no tienen cubiertas las necesidades elementales: sanidad, agua, energía, educación, acceso a una vivienda digna, de ellos dos mil millones viven con un euro diario.

La población de cualquier parte del planeta quiere mejorar sus condiciones de vida y la busca allí donde se da. No es nada descabellado.