pamplona. Pese a ser una de las comunidades con un mayor presencia porcentual de alumnos inmigrantes en sus aulas (11,5%), en Navarra no se observan problemas de convivencia. Así lo afirmó ayer el Defensor del Pueblo, Javier Enériz, quien, no obstante, instó a mejorar la distribución de ese alumnado en la red pública y concertada. Estos datos se recogen en el Informe especial sobre la integración de los escolares inmigrantes en la ESO, que publicó este periódico el pasado martes y ayer trasladó Enériz a los parlamentarios de la comisión de Régimen Foral. Para Enériz, el reto es "integrar en el sentido más positivo, de respeto a la pluralidad.

Los parlamentarios también se refirieron a la distribución del alumnado entre la red pública y concertada y coincidieron en que puede ser una medida necesaria pero incidieron en la necesidad de aplicarla de forma adecuada y respetando la libertad de elección de las familias. La portavoz de NaBai, Nekane Pérez, preguntó “a quien se va a mover, si a las familias inmigrantes, a las nativas o a las mixtas”, a lo que la portavoz del PSN, María Victoria Arraiza, quien alertó sobre la “fuga” de la población nativa de los centros que acogen un alto número de inmigrantes, añadió que “a los niños no se les puede repartir como si fueran cajas de leche”. Por su parte, el portavoz de CDN, José Andrés Burguete, apuntó la necesidad de respetar “el derecho de las familias a la hora de decidir dónde y cómo quieren escolarizar a sus hijos”, y el de IUN Ion Erro, indicó que hablar de máximos y mínimos afecta tanto a las familias navarras como a las inmigrantes. Por último, el regionalista Javier Marcotegui subrayó la importancia de uno de los retos recogidos en el informe, el de lograr que los inmigrantes inicien estudios superiores en el mismo porcentaje que los navarros.

Por su parte, el Defensor afirmó que, tras darle “muchas vueltas”, decidió plantear la necesidad de mejorar la distribución equilibrada del alumnado inmigrante entre ambas redes. En este sentido, comentó que los Consejos Escolares de las CCAA y el Estado postularon el “establecimiento de un cupo mínimo y máximo de escolarización para cada centro que permita reservar suficiente número de plazas para estos alumnos en todos los centros (mínimo) y que evite la acumulación (máximo)”. Enériz reconoció que se ha encontrado con personas que se oponen “de manera radical” a esta posibilidad y señaló que son muchos los factores que pueden hacer que los inmigrantes opten por un centro en concreto como el querer que sus hijos estén con personas de su misma nacionalidad, la cercanía o el hecho de que el colegio público es más barato que el privado.