La Audiencia Provincial de Logroño acogió ayer la primera de las tres sesiones del amplio juicio abierto contra ocho personas acusadas de explotar sexualmente a mujeres inmigrantes de Europa del Este y Sudamérica en tres clubes de alterne; y una novena, agente de la Guardia Civil, presuntamente colaborador de esta trama filtrando informaciones y avisos sobre actuaciones del cuerpo. En esta primera sesión, celebrada a lo largo de toda la mañana de ayer, testificaron seis de los ocho encausados, negando todas las acusaciones que sobre ellos se vertían; y el propio Guardia Civil, R.P.S.R., que también negó vinculación alguna con la supuesta trama, e insinuó además que la investigación abierta contra él procede de un superior del cuerpo con el que tuvo un anterior conflicto disciplinario.
La sesión (al igual que lo estará, previsiblemente, el resto del juicio) estuvo marcada por la audición ofrecida por Fiscalía de más de 40 escuchas telefónicas grabadas de conversaciones supuestamente mantenidas entre los distintos acusados, y que revelarían sus vinculaciones y el carácter de su negocio de prostitución de inmigrantes. Se trata de escuchas que fueron captadas dentro de una investigación de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil en 2005 sobre el agente presuntamente implicado. En ellas está una de las claves del juicio: la argumentación de la defensa pasa por declarar su nulidad, al considerar que hay irregularidades en la grabación de éstas que las invalidan.
¿Nulidad para las escuchas?
En las cuestiones previas, la defensa ya explicó que esas escuchas fueron presentadas al juez de Instrucción, que las desestimó, «esperando entonces un tiempo para que dicho juez estuviera de vacaciones y presentándolas de nuevo al juez de guardia, que sí las aceptó». Asimismo, la tardanza en presentarlas (nueve meses después de su grabación) haría que estuvieran «viciadas, e incluso manipuladas», según consideró la defensa, que entiende que las motivaciones para pedirlas tampoco son admitidas por el Constitucional.
Con todo, como el presidente del Tribunal, Alfonso Santisteban, indicó que decidirá sobre este punto en la sentencia, todas las escuchas fueron reproducidas. En ellas se escucharon diversas conversaciones supuestamente entre los acusados, hablando de cuestiones como las mujeres que iban y venían a los clubes, algunos ofrecimientos de mujeres del este de Europa o un trato para traer a tres mujeres, a cambio de 1.200 euros.
En este sentido, ninguno de los acusados dijo «ver reconocida» su voz en esas conversaciones grabadas; y todos ellos se acogieron también a su derecho a no responder las preguntas del fiscal. En primer lugar, testificaron M.A.M. y A.M.S.M., a quienes el ministerio público ubica como propietarios y administradores solidarios de la sociedad que es dueña de los clubes de alterne Costa Rica (Tricio), Penélope (Logroño) y Olimpo (Almadrones, Guadalajara).
Ambos negaron tener vinculación alguna con dicha sociedad y con los clubes; también haber testificado en su declaración judicial previa «bajo coacciones». Asimismo, ninguno dijo conocer de nada al resto de acusados, salvo en el caso de A.M.S.M., quien sí tenía con su hermana, M.D.S .M., una relación «puramente familiar». Esta última, supuestamente encargada del club Olimpo, dijo haber trabajado «de camarera, sin participar nunca en el negocio de la prostitución».
Guardia Civil «coaccionado»
Por su parte, el Guardia Civil acusado arrancó su testimonio no ratificando su declaración previa, «pues fue tomada bajo presión y amenazas» del instructor de la investigación. El acusado declaró que trabaja en un laboratorio de criminalística, en un «edificio separado» del de la Policía Judicial encargada de los casos de prostitución, y que «nunca» pasó información de la actuaciones de ésta a sus supuestos contactos en los prostíbulos.
En la decena de tomas de audio que puso Fiscalía, supuestamente se le escucharía a él interesado por averiguar datos sobre una redada acaecida en un club de Cenicero, tras recibir una llamada de M.A.M., pidiéndoselo. El agente, a quien piden tres años y medio de cárcel, negó haber obligado a chicas a prostituirse ni a haber transportado mujeres de un club a otro; y apuntó que la investigación contra él deriva de su mala relación con un superior.
Aún se interrogaron a otras tres personas más, encausadas por obligar a inmigrantes a prostituirse o transportarlas de un sitio a otro. Así, G. N. A. dijo trabajar en el Penélope como camarera (Fiscalía la imputa en calidad de encargada), sin ninguna vinculación con las mujeres; y R. P. M., supuesto trabajador del Costa Rica, afirmó haber sido cliente, y camarero «una temporada, después de los hechos»; y no haber transportado a nadie «porque no tengo carné ni sé conducir». Por último, M. M. Z. G., camarera del Costa Rica, aseguró haber ejercido allí la prostitución durante 13 años «en total libertad».