Bilbao. La Audiencia Provincial ordenó el pasado día 11 la reapertura de un caso de delito de desobediencia grave por considerar que existen indicios de un posible delito de detención ilegal. El 1 de febrero de 2010, el Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao decidió archivar el caso, por lo que las denunciantes decidieron recurrir a la Audiencia Provincial que, a través de un auto, ordenó la reapertura de la investigación. El auto del tribunal considera que la calificación de desobediencia grave era “exagerada y que más bien se configura como un pretexto para detener a las recurrentes y llevarlas a comisaría”.

La detención se produjo el día 23 de diciembre de 2009. Las dos vecinas de Bilbao, Nahia y Cristina, observaron una identificación policial que “les extrañó”, por lo que se pararon a ver qué sucedía. “Escuchamos una frase que nos llamó la atención y nos quedamos mirando”, explicó Nahia. Los agentes les indicaron que se alejaran, ya que, según el atestado policial, se encontraban “muy próximas” a la actuación, lo que generaba “inseguridad y alteraba el transcurso de la misma”. Nahia y Cristina desobedecieron la orden y se negaron a identificarse, por lo que fueron detenidas y acusadas de una delito de desobediencia grave a la autoridad y obstrucción a la labor policial. Una vez liberadas, las mujeres interpusieron una denuncia ante el Juzgado de Instrucción y una queja ante el Ararteko. Cristina y Nahia animaron a la ciudadanía a denunciar actuaciones policiales “cuando las consideren arbitrarias, y que las denuncien”.

Por su parte, SOS Racismo recordó que la ciudadanía “tiene derecho a denunciar actuaciones de las que sean víctimas o testigos, tanto ante la Justicia, el Ararteko o ante algún movimiento de lucha contra la discriminación”. “La presencia de testigo es siempre beneficiosa, pero una cosa es que haya testigos presenciales en una actuación y otra que intervengan y obstruyan en la misma”, señaló el director del área.

Garantías Según el auto, los agentes “vulneraron las garantías y derechos que asistían a las detenidas”. Al parecer, se quebrantó la “obligación irrenunciable” de que un letrado asistiera a las detenidas.

Por su parte, el atestado policial afirma que las mujeres “se negaron a la lectura de sus derechos”, renunciando así al ejercicio de los mismos. “El caso está en manos de la Justicia, ya hubo un juzgado que lo sobreseyó, por lo que confiamos en el criterio de los jueces”, indicó ayer Manu Zarragoitia, director del área de Seguridad Ciudadana.

“Se trataba de una patrulla de la Unidad Canina. Los agentes les indicaron que se apartaran porque, al estar tan cerca, el perro se ponía nervioso”, matizó Zarragoitia. “Todas las actuaciones de la Policía Local son totalmente garantistas con los derechos”, insistió el director. La investigación judicial confirmará o desmentirá si se ha cometido o no un delito de detención ilegal. “La decisión se tomará en el juicio”, puntualizó Zarragoitia.