La sección segunda de la Audiencia Provincial de Vizcaya ha ordenado que se investigue el arresto de dos mujeres por parte de unos agentes de la Policía Municipal de Bilbao a finales de 2009. Los jueces consideran en un auto que existen suficientes «indicios» de que las mujeres pudieron ser víctimas de una «detención ilegal» y, por tanto, solicitan la reapertura del caso al Juzgado de Instrucción número 7 de la capital vizcaína, que hace un año decidió el archivo de la causa.

Los hechos se remontan al 24 de diciembre de 2009. Unos agentes estaban deteniendo a un hombre cuando Crisitina y Nahia se detuvieron para observar lo que ocurría. Según dijeron ayer en una comparecencia convocada por SOS Racismo, lo hicieron porque les llamó la atención una frase pronunciada por uno de los policías. En ese momento, según el auto judicial, los agentes les pidieron que se «alejen» ya que su presencia les generaba «inseguridad» y estaba «alterando» la detención. Las mujeres, sin embargo, se negaron porque consideran que estaban «ejerciendo sus derechos» y permanecieron allí. Los policías les requirieron entonces para que se identificasen, a lo que también se negaron «reiteradamente».

Los jueces no entran a valorar esta primera parte de la actuación policial. Las protagonistas ya fueron condenadas por los tribunales como autoras de una «falta» recogida en el Código Penal por, entre otros motivos, «entorpecer» una actuación «legítima» de los agentes.

Lo que la Audiencia cuestiona es lo que ocurrió a partir de ese momento. Las recurrentes fueron llevadas a comisaría poco después de la una de la madrugada, donde les acusaron de «desobediencia grave» a la autoridad, y fueron puestas en libertad sobre las 4 de la mañana. En esta parte, los jueces cotejan lo que figura en el atestado policial con la denuncia de las mujeres para, finalmente, apreciar «indicios delictivos, cualquiera que sea la perspectiva» de la detención.

«Un pretexto»

Por un lado, subrayan que la califiación de desobediencia grave parece «absolutamente exagerado» a la vista de lo ocurrido y apunta a que pudo ser sólo un «pretexto» para llevarlas a comisaría. También insisten en que, al contrario de lo que recoge el atestado, las recurrentes afirman en su denuncia que solicitaron la «presencia de su abogado» y que avisasen a sus familiares. En todo caso, advierten los magistrados, la asistencia letrada es «irrenunciable». Por último, aseguran que los policías obligaron a las mujeres a permanecer en los calabozos «mucho más tiempo del que procedía». Por todo ello, la sala solicita que se reabra el caso y ordena que se tome declaración judicial de las recurrentes – que también solicitaron el amparo del Ararteko – y de los agentes que redactaron el atestado.

Ante esta situación, los portavoces de SOS Racismo se preguntaron ayer «por qué la Policía no quiere tener testigos de las detenciones» y subrayaron la «responsabilidad» del Gobierno municipal por desarrollar una «guerra al navajero» que, a su juicio, lleva a que «todos los días se produzcan abusos». «Sobre todo contra determinada gente que tiene un color diferente».