Una cosa es que se revolucionen en sus países de origen y otra muy distinta que vengan a desordenarnos los nuestros. Esa parece ser la idea subyacente a las declaraciones que hizo ayer Angela Merkel: «Naturalmente, no todos los que no quieren vivir en Túnez pueden venir ahora a Europa», dijo la canciller alemana tras recibir en Berlín al presidente de Sierra Leona, Ernest Bai Koroma.

«Nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas en origen para ofrecer perspectivas y una posibilidad de vivir en su propia tierra», añadió, como respuesta a la ola de tunecinos que huyen con destino a Europa tras el derrocamiento del presidente Zine el Abidin Ben Ali.

Se calcula que unos 5.000 tunecinos han llegado en los últimos cinco días a la isla italiana de Lampedusa, de sólo 20 kilómetros cuadrados. El Gobierno de Silvio Berlusconi decretó el pasado sábado el estado de emergencia humanitaria en la isla al tiempo que estudia pedir una autorización para desplegar policías italianos en Túnez.

Túnez ha dejado claro que rechaza «cualquier injerencia extranjera» en relación con el éxodo de emigrantes ilegales y, antes de escuchar a Merkel, su Ejecutivo celebraba el apoyo de partida expresado por la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, que se desplazó ayer al país norafricano y pronunció un discurso que muchos consideran de efecto llamada: «No vamos a dejaros solos».

La canciller alemana, sin embargo, no tuvo reparos en corregir ese discurso, subrayando «la importancia de reinstaurar el Estado de Derecho en Túnez para impedir la emigración masiva» de sus ciudadanos con destino a Europa y en velada referencia a los 250 millones de euros que la UE desbloqueará antes del 2013 para promover la organización en marzo de una conferencia internacional sobre reformas políticas y económicas en el país. Los primeros 17 millones, según anunció la británica Ashton, serán entregados de forma inmediata.

Por dura que parezca, la postura de la democristiana Merkel no es más que la aplicación del concepto de integridad territorial que Alemania mantiene desde legislaturas anteriores. En 2005, por ejemplo, criticó la regularización de extranjeros decidida por el Gobierno español y rechazó prestar ayuda económica para gestionar las avalanchas en Canarias.

«Se trata de mantener una posición coherente con toda la política europea de protección del espacio Schengen», aclaraba anoche un portavoz de Merkel.

«Al igual que en otras ocasiones, Alemania no es insensible a la situación por la que atraviesan esas personas, pero la solución no es traérnoslos a Europa», añadió la fuente.