Bilbao. Hace dos años, los miles de inmigrantes que residen actualmente en el Estado recibían una buena noticia: podrían tomar parte en las elecciones municipales. Se cumplía así, al menos de forma parcial, una antigua reivindicación de este colectivo. Para ello, además de haber residido en España al menos cinco años, debían inscribirse en el censo electoral. El plazo culminó el pasado 31 de enero y las cifras del recuento no pueden ser más descorazonadoras: únicamente el 15% de la población extranjera residente en Bizkaia – dejando a un lado a los comunitarios – tomará parte en las elecciones municipales del próximo 22 de mayo. Y es que los trámites burocráticos, denuncian las asociaciones, han convertido el derecho a voto en una carrera de obstáculos que ha hecho desistir a muchos de ellos.

La cifra de los inmigrantes que finalmente ejercerán su derecho a voto en Bizkaia resulta descorazonadora. No tanto en el caso de los ciudadanos de la Unión Europea, de los que una quinta parte tomará parte en las elecciones; según cifras del INE, en Bizkaia están censados actualmente unas 13.000 extranjeros comunitarios mayores de 20 años, de los que han confirmado su participación en las elecciones municipales de mayo 2.788.

En el caso de los extranjeros no comunitarios, apenas el 3,8% de los adultos censados en Bizkaia depositarán una papeleta para elegir a sus alcaldes. De los 20.080 que residen en el territorio, apenas 4.000 tienen derecho a hacerlo, al no haber cumplido los cinco años necesarios. Y, de ellos, únicamente 613 se han inscrito para poder votar. Estas cifras reflejan que solo el 15% de la población extranjera no comunitaria con derecho a participar en los comicios acudirá finalmente a las urnas ese 22 de mayo. “Es un porcentaje muy bajo”, destaca Agustín Unzurrunzaga, miembro de SOS Racismo.

Además de los ciudadanos de la Unión Europea que residen en el Estado, y que ya tenían reconocido su derecho al voto desde 1992, este año podrán participar en las elecciones municipales, por primera vez, los inmigrantes procedentes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Cabo Verde. El Gobierno español firmó con ellos convenios de reciprocidad en el ejercicio del sufragio – solo activo, no pueden presentarse como candidatos – , un listado que, previsiblemente, se ampliará en los próximos años ya que con Argentina, por ejemplo, ya se han firmado los preacuerdos.

Pero no todos los ciudadanos de estos países podrán ejercer su derecho al voto, ya que tenían que cumplir una serie de requisitos: ser mayor de edad, estar inscrito en el padrón municipal, tener el permiso de residencia en regla y haber residido de forma legal e ininterrumpida en el Estado durante al menos los últimos cinco años, tres en el caso de Noruega. Tienen que realizar, además, una solicitud de inscripción previa en el censo electoral, en el Ayuntamiento en el que están empadronados.

Trabas burocráticas Las asociaciones de inmigrantes no ocultan su satisfacción por el logro, pero se quejan de las trabas burocráticas a las que se han tenido que enfrentar las personas interesadas en inscribirse en el censo y la falta de información. La oportunidad de participar en las elecciones, resume Santiago Morales, coordinador de la Ecuador Etxea, de Bilbao, “generó muchas expectativas entre la población, pero se topó contra la barrera de las trabas burocráticas”. Según explica Jaime Núñez, portavoz de asociación de bolivianos de Bizkaia, Arbol – Bi, “había un gran interés entre la población para participar en las elecciones e, incluso, para formar un partido. Para la población inmigrante es muy importante; estamos en un punto en que la inmigración debe ser visible. Pero es un derecho que se ha visto frustrado”.

Muchas asociaciones impulsaron campañas para concienciar a sus compatriotas de la importancia de tomar parte en unas elecciones que les afectan de lleno. “Es muy importante su participación, porque son personas que, al haber cumplido ya cinco años aquí, tienen un arraigo social. Una vez integrados, la población extranjera debe involucrarse en las decisiones de la política local”, afirma Morales, que ha participado en una de estas campañas.

El coordinador de la Ecuador Etxea denuncia la falta de participación de las administraciones públicas, “que no se han involucrado en la difusión para garantizar una mayor información. Se ha hecho muy poca campaña para un asunto tan importante”, critica. Para él, esta falta de información ha resultado clave para que tan pocos inmigrantes hayan mostrado su interés por acudir a las urnas. “Solo la Diputación y algo el Ayuntamiento de Bilbao han apoyado la difusión”, apunta.

Además, los inmigrantes han tenido que sortear una carrera de obstáculos en forma de trámites administrativos para poder votar. Para realizar la solicitud, se les exigía un certificado de residencia para justificar su tiempo de estancia, expedido por la Comisaría de Policía; un dato que, denuncian las asociaciones, se puede deducir de la misma tarjeta de residencia. Un trámite que se prolongaba entre 8 y 15 días, “un tiempo que no todos estaban dispuestos a asumir”, explica Morales. La propia hija de Nuñez realizó todos los trámites: esperar una cola de medio centenar de personas – lo que en su opinión refleja el interés de los inmigrantes por participar en los comicios – únicamente para obtener una cita al de diez días y volver de nuevo para obtener la tarjeta; cuando llegó al centro municipal de distrito para formalizar la inscripción, se encontró con que tenía que volver a la Policía de nuevo para que le pusieran un sello. “Mucha gente desistió; por más intención que una persona tenga por participar, que además es un derecho, no ha podido lograrlo. Era un proceso largo, fatigoso y engorroso”, critica. “Si han enviado las cartas a las personas que tienen derecho a votar es porque saben quién lleva más de cinco años. ¿Por qué luego tienes que justificarlo de nuevo?”.