Las deficiencias puestas de relieve por la defensora del pueblo, María Luisa Cava de Llano, en la atención que dispensan las oficinas de Extranjería de Barcelona a los inmigrantes que tienen que realizar algún trámite debían haber incitado a tomar medidas correctoras a la Subdelegación de Gobierno mucho antes de ser reconvenida. Todas las debilidades e ineficacia del sistema eran fácilmente detectables y afectan a un colectivo demasiado numeroso – 254.000 expedientes acumulados en el 2010 – como para que pudieran pasar desapercibidas.

Si, como se ha comprobado, las oficinas de Barcelona debieron tramitar el año pasado más casos que las de Madrid, Valencia y Zaragoza juntas, y, al mismo tiempo, vieron disminuir el personal asignado hasta llegar a los 150 funcionarios, era fácil deducir que el volumen de trabajo era ingobernable. Pero durante el 2010 no se tomaron medidas y, vencido el año, quedaron pendientes más de 55.000 expedientes. El recurso a la defensora del pueblo de la asociación de abogados de extranjería estuvo más que justificado.

Puesto que el caso afecta a un colectivo tan numeroso como vulnerable, la diligencia de la Administración debió ser muy otra. Los permisos de trabajo y residencia, que pronto se renovarán de forma automática, son instrumentos legales indispensables para miles de extranjeros, cuyo porvenir depende de ellos. Por esta razón, estos trámites administrativos y otros que afectan a la vida cotidiana de los inmigrantes no pueden soportar la parsimonia de la burocracia.